La región francesa de Hauts-de-France se ha sentado en el banquillo del Tribunal Administrativo de Lille por una decisión que va mucho más allá de una pelea local. El rapporteur public ha pedido anular las subvenciones concedidas a la federación “Stop Éoliennes Hauts-de-France”, un lobby abiertamente contrario a la construcción de parques eólicos. La sentencia se conocerá el 10 de marzo y puede convertirse en un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las regiones cuando financian con dinero público a grupos que frenan las energías renovables.
Qué se discute exactamente
Entre 2022 y 2023, la región concedió dos subvenciones que suman unos 80.000 euros a la federación Stop Éoliennes, dentro de una convención plurianual que preveía ayudas mucho mayores a lo largo de varios años. La oposición de izquierdas y ecologista denunció estas ayudas ante la justicia administrativa al considerar que no responden al interés público local y que chocan frontalmente con la política nacional de desarrollo de energías renovables.
En la audiencia del 10 de febrero, el rapporteur public dio la razón a los cargos electos que recurrieron la decisión y reclamó la anulación de las subvenciones ya pagadas. Los socialistas y ecologistas subrayan que las conclusiones del rapporteur suelen ser seguidas con frecuencia por los jueces del Tribunal Administrativo de Lille, aunque la última palabra llegará en la deliberación de marzo.
Una región saturada de aerogeneradores… y una federación muy singular
Hauts-de-France es la región más eólica de Francia. Según sus propios documentos, concentra más de una cuarta parte de los aerogeneradores del país, con alrededor de 2.000 máquinas en servicio y centenares de mástiles ya autorizados. Para muchos vecinos, eso se traduce en horizontes llenos de palas, luces parpadeantes por la noche y un debate permanente sobre el impacto en el paisaje.
En este contexto nace en 2022 la “Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France”, que agrupa a asociaciones locales contrarias al “éolien industriel”. Sus estatutos recogen objetivos como “luchar contra el desarrollo eólico”, “proteger el paisaje y el patrimonio” y “acompañar los recursos en justicia” contra nuevos proyectos. La convención aprobada por el consejo regional prevé financiar fotomontajes, estudios, campañas de comunicación y honorarios de abogados para impugnar parques eólicos.
La presidenta de la federación, Bénédicte Leclerc de Hauteclocque, defiende desde hace años que los aerogeneradores “afearían” el campo y que los habitantes se enteran tarde de los proyectos. Desde su punto de vista, la subvención regional no es más que una forma de equilibrar la batalla entre pequeños pueblos y grandes promotores.
El choque con los objetivos climáticos de Francia
Para la oposición, el problema no es solo estético. Francia se ha fijado por ley que en 2030 al menos el 33 % de la energía final consumida proceda de fuentes renovables, en un sistema eléctrico que debe ser mayoritariamente descarbonizado. El viento tiene un papel clave en esa hoja de ruta, y el país acumula ya más de 20 gigavatios de potencia eólica instalada, con nuevas subastas en marcha para los próximos años.
En este contexto, los jueces administrativos ya habían llamado al orden a la región. En 2023, el mismo Tribunal Administrativo de Lille anuló parcialmente el plan territorial (Sraddet) de Hauts-de-France porque no fijaba objetivos de desarrollo eólico y buscaba “congelar” la producción al nivel de 2018, algo que se consideró incompatible con la normativa nacional.
Los cargos que han recurrido las subvenciones argumentan que no se puede, por un lado, publicar estrategias climáticas y hablar de neutralidad en carbono, y por otro financiar con dinero de todos una estructura cuyo objeto es presentar recursos sistemáticos contra los parques eólicos de la región. A esto se suma que Stop Éoliennes no cuenta con el reconocimiento estatal como asociación de protección ambiental y depende en buena parte del presupuesto regional, algo que el rapporteur public también ha señalado.
Paisaje, política y lo que se juega ahora
La región, presidida por Xavier Bertrand, defiende su línea. En su comunicación oficial insiste en que el territorio ya está “sobresaturado” de aerogeneradores y que apoyar a la federación es una forma de proteger los paisajes, la calidad de vida y la diversidad de entornos rurales frente a nuevos proyectos. En otras palabras, se presenta como una política de ordenación del territorio más que como un ataque a las renovables.
En la práctica, sin embargo, el caso plantea una cuestión muy concreta para quien se pregunte qué hay detrás de esta noticia. ¿Puede una colectividad territorial usar fondos públicos para financiar un lobby dedicado a bloquear una tecnología renovable en un país que, al menos sobre el papel, quiere desplegar más viento y más sol para recortar emisiones y reducir la dependencia de los combustibles fósiles?
Si el tribunal sigue la recomendación del rapporteur public y anula las subvenciones, la federación podría verse obligada a devolver el dinero percibido para 2022 y 2023. El mensaje para otras regiones sería claro: la lucha política contra determinadas energías tiene límites cuando entra en juego el interés general definido por las leyes climáticas. Si, por el contrario, los jueces validan las ayudas, se reforzará la idea de que las regiones mantienen un amplio margen para apoyar a actores que cuestionan el despliegue de renovables, siempre que se invoquen argumentos de paisaje o de calidad de vida.
Mientras tanto, los parques eólicos siguen girando sobre los campos de Hauts-de-France y la discusión sobre cómo compatibilizar transición energética, paisaje y democracia local está lejos de cerrarse.
El comunicado oficial en el que la región explica su apoyo a la federación Stop Éoliennes y la convención de financiación puede consultarse en la nota publicada en la web oficial de la Región Hauts-de-France.
