Australia ha autorizado una gran ampliación del gas de veta de carbón en Queensland. El permiso federal admite hasta 1.695 nuevos pozos, 1.545 kilómetros de corredores para tuberías de gas o agua y hasta tres plantas de procesado, con vigencia hasta el 22 de febrero de 2081.
La decisión llega mientras el país mantiene el objetivo de emisiones netas cero en 2050. ¿Se puede recortar contaminación y a la vez alargar un proyecto fósil durante décadas? Esa es la pregunta que ha vuelto al centro del debate.
Qué se ha aprobado y quién está detrás
El proyecto se llama «Gas Supply Security Project» y se sitúa en las cuencas de Surat y Bowen, dos zonas clave de producción. La aprobación se tramita bajo la ley federal de protección ambiental y biodiversidad (EPBC Act) y llega con condiciones que delimitan el área y el volumen de obra permitido.
La operación corresponde a Australia Pacific LNG (APLNG), una empresa conjunta entre ConocoPhillips, Origin Energy y Sinopec. Según ABC, producirá gas para exportación y para el mercado doméstico, y las obras podrían arrancar este mismo año.
Las emisiones que están en el centro del debate
La discusión se ha ido directa a las cifras. The Guardian indica que el informe ambiental público del proyecto estimó unos 9 millones de toneladas de CO2 durante construcción y operación, y alrededor de 111 millones por la quema del gas, cerca de 120 millones en total a lo largo de su vida útil.
El Gobierno sostiene que el proyecto se aprobó tras «asesoramiento científico riguroso» y que tendrá que reducir emisiones cada año y llegar a «cero neto» en 2050 por el mecanismo nacional que regula a los grandes emisores. La fricción es evidente, porque el permiso llega a 2081 y la neutralidad se marca para 2050.
Condiciones ambientales con letra pequeña que importa
Aquí lo decisivo suele ser lo que se cumple, no lo que se anuncia. ABC habla de más de 120 condiciones con auditorías independientes y con informes de cumplimiento públicos, además de medidas sobre especies amenazadas y desbroce de vegetación.
El documento oficial pone límites muy concretos. Establece un tope de 853 hectáreas de hábitat de koala y 428 hectáreas de hábitat de planeador mayor, y prohíbe el desbroce de varias comunidades, incluida una dependiente de la descarga natural de aguas subterráneas del Gran Acuífero Artesiano.
También obliga a gestionar el riesgo químico con un registro público de sustancias evaluadas. Y fija zonas donde no se pueden construir pozos, como Spring Gully D y la llamada Eastern Contact Zone, con un margen de 2 kilómetros en uno de los casos.
Exportación, empleo y la pregunta de la energía
La ministra federal de Recursos, Madeleine King, defendió que el proyecto refuerza el suministro y crea empleo regional tras una «evaluación ambiental rigurosa». Origin, por su parte, dijo que ayuda a cumplir contratos de exportación ya firmados y a aportar suministro «esencial» a la costa este.
APLNG también subrayó el peso económico del proyecto. Afirmó haber invertido más de 60.000 millones de dólares en la región desde 2011 y haber pagado 5.200 millones en impuestos, regalías y tasas desde su primer envío de GNL en 2016, además de acuerdos con propietarios para el acceso.
Detrás de ese cruce de argumentos hay un matiz importante. No se debate solo cuánta energía se produce, también a dónde va, porque el gas está ligado a exportaciones y a contratos de largo plazo, con impacto directo en la economía y en el precio final de la energía.
Qué dicen los ecologistas y qué conviene vigilar
The Guardian recoge una crítica del Climate Council. Su directora, Amanda McKenzie, lo situó como el proyecto fósil número 36 aprobado bajo el gobierno de Anthony Albanese y lo comparó con «encender otro cigarrillo» mientras se intenta dejar de fumar.
Lock the Gate, por boca de Ellen Roberts, afirmó que Queensland ya arrastra más de 16.000 pozos de gas de veta de carbón y que las exportadoras producen más gas del que se consume localmente. Su mensaje es que «no va de seguridad energética», sino de prolongar beneficios.
A partir de aquí, el foco estará en tres puntos muy concretos. Que la reducción anual de emisiones sea verificable, que se cumplan los límites de hábitat y las protecciones de agua (especialmente las vinculadas al Gran Acuífero Artesiano) y que los informes públicos y auditorías permitan seguir el proyecto con transparencia.
La notificación oficial de la aprobación ha sido publicada en el portal del Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water.
