El lunes 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales para el 29 de noviembre, y con las Cortes disueltas al día siguiente el Gobierno se quedó con menos de ocho semanas para aprobar una de sus normas más discutidas del año, el real decreto que decidirá en qué condiciones pueden conectarse a la red los nuevos centros de datos en España.
El texto, preparado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) junto con los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y de la Función Pública, exige que los centros de 1 MW o más cubran al menos el 80 % de su consumo con renovables de nueva construcción y que lo demuestren hora a hora. Según la revista Energías Renovables, el Ejecutivo prevé aprobarlo este mes.
La patronal del sector, SpainDC, calcula que con el texto actual quedaría en riesgo entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión que podría elegir España. Su presidente, Emilio Díaz, lo explicó así el 31 de agosto: «cambiar las reglas cuando existen proyectos con inversiones ya comprometidas genera una inseguridad difícilmente compatible con inversiones de esta magnitud».
Una carrera contra el calendario electoral
El Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del proyecto el 25 de agosto, y el plazo de alegaciones, que el MITECO amplió desde el 4 de septiembre, se cerró el día 10.
Fuentes del Ministerio citadas por Energías Renovables aseguran que se recibieron más de 600 alegaciones, «y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales».
Al ser un real decreto, la norma no tiene que pasar por el Congreso, recuerda DCD, aunque todavía necesita el dictamen del Consejo de Estado. Si no llega a tiempo, el Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que decidir si retoma el borrador o abre una nueva negociación con el sector.
Lo que el borrador exige a cada centro de datos
El requisito central combina dos condiciones. La primera es la adicionalidad, que obliga a que la electricidad verde proceda de plantas nuevas, de modo que cada megavatio que consuma el centro tiene que ir acompañado de un megavatio renovable puesto en servicio, como mucho, 18 meses antes de que el centro empiece a funcionar, ya sea con autoconsumo o con contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, los llamados PPA.
La segunda condición es la correlación horaria. El artículo 9 del proyecto exige que «la energía consumida en cada hora se encuentra respaldada, al menos en un 80 por ciento, por un volumen equivalente de electricidad de origen renovable generada en esa misma hora», lo que impide cuadrar las cuentas con una media anual.
La exigencia se dará por cumplida cuando las renovables superen el 90 % de la generación eléctrica española, aunque entonces el centro tendrá un tope de horas de consumo de la red.
Los centros tendrán que alcanzar además la categoría A del etiquetado europeo de eficiencia energética e hídrica, y quien los opere deberá estar establecido en la Unión Europea y guardar en territorio comunitario los datos de la operación.
Recargos de hasta el 500 % en los peajes
El incumplimiento se pagará en los peajes y cargos del sistema eléctrico. Según el artículo 10 del proyecto, un centro que cubra con generación renovable adicional menos del 20 % de su consumo anual sufrirá un recargo del 500 %, que baja al 100 % si esa cobertura está entre el 60 % y el 80 %. Los fallos en la correlación horaria se penalizan aparte, con recargos del 10 % al 50 % según las horas incumplidas cada mes.
Si durante cinco años seguidos un centro no llega al 60 % de generación adicional, o falla la correlación en el 20 % de las horas o más, podrá perder los permisos de acceso y conexión. Según la nota del MITECO, los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse, o tres si esperan un concurso de acceso a la red.
Más de 12 GW concedidos para una demanda de 4 GW
El Gobierno justifica la norma con una cuenta. La Estrategia de Inteligencia Artificial estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica, pero desde 2021 ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red a este tipo de instalaciones, según la nota del MITECO.
Fuentes del Ministerio citadas por Energías Renovables ponen ejemplos concretos. En Aragón se han concedido 3,6 GW de acceso a centros de datos, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid 4,1 GW, que duplicarían su consumo.
El temor es que esa demanda acabe cubriéndose con gas y encarezca la luz para todos. «En otros países, como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad», advierten esas fuentes.
En Estados Unidos, los reguladores ya han ordenado a la red revisar sus reglas para los centros de datos, y en Pensilvania un agricultor de 86 años rechazó más de 15 millones de dólares de los promotores para que sus tierras siguieran siendo de cultivo.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió el enfoque el 31 de agosto en el encuentro de Ametic en Santander. «Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos: los que son sostenibles, eficientes y soberanos», dijo, y descartó frenar al sector: «Aquí no se va a aprobar una moratoria».
La patronal habla de un «veto al sector»
SpainDC agrupa a más de 300 compañías. En una rueda de prensa en la sede de la CEOE, Díaz y la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, advirtieron de que la suma de requisitos, plazos y penalizaciones puede convertir la regulación en un «veto al sector», según DCD.
El informe anual de la patronal sitúa en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta prevista hasta 2030. Díaz añadió que tres empresas extranjeras, cuyos nombres no se han hecho públicos, frenarán sus proyectos si el decreto sale adelante, y la asociación cifra en 9000 millones lo que está en juego con ellas.
«España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país», dijo Díaz, según recogió Europa Press. Villacís fue más lejos: «Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa».
Renovables y comunidades autónomas también piden cambios
Las objeciones llegan también de quienes construirían esas plantas. APPA Renovables y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) creen que los requisitos pueden obligar a sobredimensionar la capacidad renovable asociada a cada centro, y APPA propone medir la correspondencia sobre una base anual en lugar de hora a hora, según DCD.
El problema de fondo es que un centro de datos funciona las 8760 horas del año, mientras que la solar y la eólica producen cuando hay sol o viento.
Aragón ha pedido una revisión integral y sostiene que ninguno de los centros de datos en tramitación podría cumplir los requisitos energéticos en su configuración actual, y la Junta de Andalucía cuestiona la correlación horaria y la exigencia de renovables nuevas.
Lo que todavía puede cambiar
Todo lo anterior describe un borrador. Responsables de la Administración consultados por El País el 10 de septiembre aseguraron que el Gobierno está dispuesto a suavizar algunas exigencias siempre que los centros de datos no disparen el recibo de la luz.
Las cifras de inversión en riesgo proceden de la propia patronal, que no ha detallado cómo las calcula.
El experto en energía Joaquín Coronado, citado por El País, admite que el decreto «es muy mejorable», pero pide definir bien las condiciones antes de que sea demasiado tarde, y advierte de que «las eléctricas tardan años en construir la infraestructura de transporte y distribución que estos consumos exigen». Fuera de España ya se discute si hay energía suficiente para alimentar los centros de datos que están en marcha.
El proyecto de real decreto y la nota oficial se publicaron el 27 de agosto de 2026 en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la posición de la patronal puede consultarse en el comunicado de SpainDC.
Para Díaz, la clave está en un trámite muy concreto, el mismo que el decreto pretende condicionar. «Lo que realmente dispara la inversión es la obtención del punto de acceso», explicó en septiembre.
Imagen: Zarateman / Wikimedia Commons (CC0)
