España acaba de encargar a Indra el diseño del sistema que coordinará los carros de combate, los vehículos no tripulados y los drones del futuro. El programa se llama Sistema de Combate Terrestre Superior, conocido como PAMOV, y cuenta con decenas de millones de euros en contratos y préstamos públicos para I+D hasta 2037.
Sobre el papel busca salvar vidas de soldados y mantener a España en la primera división de la industria militar. Pero en plena emergencia climática, este salto tecnológico abre otra pregunta inevitable. ¿Qué coste ambiental tendrá alimentar una guerra cada vez más digitalizada y dependiente de energía, metales y electrónica avanzada?
Qué es PAMOV y qué está diseñando Indra
El programa PAMOV es un proyecto de modernización que dirige el Ministerio de Defensa para definir cómo será el combate acorazado español más allá de 2040. No se trata solo de un tanque nuevo. La propia documentación oficial lo describe como un sistema de combate de «altas prestaciones», pensado para futuros escenarios operativos y con suficiente madurez tecnológica para sustituir a los carros actuales.
En la práctica significa pasar del carro aislado a un «sistema de sistemas» digitalizado. La idea que presenta Indra es una red donde cooperan vehículos tripulados, vehículos terrestres no tripulados, drones, sensores repartidos y centros de mando, todos conectados en una misma «nube táctica de combate».
Ese cerebro digital apoyado en inteligencia artificial deberá filtrar una lluvia constante de datos para que las tripulaciones sepan quién se mueve en cada esquina del campo de batalla. Según la directora de sistemas terrestres de la compañía, el objetivo es situar a España «en la vanguardia de los sistemas de combate terrestre de nueva generación» y con una base tecnológica en torno al 95% nacional.
Más letal y más conectado, también más intensivo en energía y materiales
Los documentos del programa hablan de aumentar la potencia de fuego y el alcance, incorporar protección activa frente a misiles y drones y utilizar vehículos no tripulados para entrar primero en las zonas más peligrosas.
El coronel Miguel Ángel de Díez, asesor del proyecto, ha explicado que a lo largo del desarrollo se estudiará ampliar el abanico de armamento, incluida la opción de «armas de energía dirigida» y, más adelante, algún tipo de misil hipersónico como respuesta a blindajes avanzados.
Todo esto no es gratis en términos ambientales. Un sistema así necesita electrónica de alto rendimiento, sensores, radares, enlaces de datos, ordenadores embarcados y centros de proceso repartidos. Cada nuevo módulo suma consumo eléctrico en bases, vehículos y centros de mando, y depende de una larga lista de materias primas críticas.
La propia Unión Europea reconoce que muchas tecnologías de defensa usan buena parte de los materiales considerados críticos. Veintiséis de los treinta y cuatro materiales de la lista europea de materias primas críticas aparecen en equipos militares, desde las tierras raras de los motores y radares hasta el galio y el germanio necesarios para componentes avanzados.
Ese mismo grupo de materiales es clave para las energías renovables, las baterías y las redes eléctricas inteligentes. Cuando la demanda militar crece rápido, expertos y organizaciones ambientales advierten de que puede competir directamente con la transición ecológica por los mismos recursos.
La otra cifra que no aparece en los folletos militares
Mientras se impulsa PAMOV, el debate sobre el impacto climático del sector militar gana peso. Según estimaciones de científicos y organizaciones especializadas, el conjunto del sector militar mundial podría representar alrededor del cinco o seis por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una huella similar a la del transporte civil marítimo y aéreo combinados.
En España, un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz sitúa las emisiones del sector militar en torno a 4,97 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2023, el mismo impacto que unos 2,9 millones de automóviles. El estudio calcula además que cada militar español emite de media seis veces más que un ciudadano, si se suman todas las actividades vinculadas a la defensa.
A esto se añade un problema de transparencia. La mayoría de los países solo declaran a Naciones Unidas una fracción pequeña de las emisiones reales de sus fuerzas armadas. Algunos análisis estiman que los datos comunicados cubren menos del diez por ciento de la huella climática total del sector, lo que deja un gran agujero en los inventarios oficiales.
En paralelo, la OTAN reconoce en sus propios informes que el cambio climático tiene «un impacto profundo» en la seguridad y en las propias bases y operaciones militares, y anima a sus aliados a medir mejor y reducir su huella.
Qué debería preocupar al lector climático cuando oye hablar de PAMOV
Para quien se pregunta qué tiene que ver todo esto con el clima o con la factura de la luz, la respuesta es sencilla. Un sistema de combate más digitalizado implica más consumo energético en bases y despliegues, más combustibles fósiles para mover plataformas pesadas y más presión sobre cadenas de suministro de minerales que también necesita la transición ecológica.
En un contexto en el que la concentración de CO₂ ha marcado de nuevo récord histórico y los científicos advierten de un calentamiento cada vez más rápido, la expansión silenciosa de la huella militar va en dirección contraria a los objetivos de París.
Por eso cada vez más organizaciones piden que los grandes programas de defensa, como este sistema de combate terrestre, se sometan a las mismas reglas básicas que el resto de políticas públicas. Transparencia en emisiones, objetivos de reducción alineados con la ciencia climática y evaluación de su impacto sobre materias primas esenciales para las energías renovables.
En este capítulo, Indra promueve en “un efecto tractor sobre el ecosistema nacional”, asegura Carrillo, en el que se integre un “tejido de startups tecnológicas en áreas como la inteligencia artificial o la ciberseguridad”.
El programa Sistema de Combate Terrestre Superior (PAMOV) está descrito de forma oficial en el Real Decreto 915/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
