Dentro de un escenario actual donde la energía nuclear en España se niega a morir ahora se presentan acciones de naturaleza legal que conllevan a pensar que no lo hará sin antes causar estragos inimaginables, consecuencias que abordaremos y explicaremos a continuación.
Cada una de estas empresas del sector de la energía nuclear pretende hacer estragos en el presupuesto
El calendario de cierre de las plantas nucleares en España desde que fue establecido en 2019 dentro del marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEC) ha sido objeto de debate y negociación entre el Gobierno y las empresas propietarias confrontándose los argumentos en favor y contra de esta clausura.
Ahora a esta confrontación de posiciones sobre la continuidad o no de la energía nuclear en el país se une la posibilidad de que se produzcan estragos «inimaginables», como sería el pago de millones de euros a las empresas propietarias de las centrales por concepto de retribución patrimonial en caso de ganar las demandas que estas han realizado.
La causa radical del problema se asienta en la tasa que estas dos compañías deben pagar a la empresa pública Enresa a fin de que trate los residuos radiactivos generados, sustentándose en normativas nacionales y europeas basadas en el principio de quienes generan residuos peligrosos deben asumir la gestión de los mismos.
Esta tasa es un mecanismo financiero a través del cual se asegura la financiación del almacenamiento, gestión y desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y centrales nucleares en España, servicios que Enresa no estaría cumpliendo al no seguir los protocolos establecidos en el nuevo Plan Nacional de Residuos Nucleares.
Esto es lo que quieren las empresas propietarias para cerrar las centrales nucleares
La empresa Iberdrola fue la primera en demandar en el mes de febrero por la vía contencioso-administrativa contra Enresa por la subida de las tasas para la gestión de los residuos radiactivos, mientras que Endesa prefirió realizar una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Enresa.
A criterio de Endesa, el aumento en la tarifa fija unitaria que pagan las centrales nucleares españolas y que gestiona la empresa pública Enresa les ha provocado daños y perjuicios a su patrimonio por lo que en la demanda introducida solicitan 454 millones de euros de resarcimiento.
El aumento aprobado por el Gobierno el año pasado para la tasa de gestión de residuos fue de 30% y esto motivó la demanda de Endesa, la cual se ha extendido contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por ser el órgano encargado de supervisar las operaciones de las plantas.
Según las empresas demandantes, Enresa estaría incumpliendo los protocolos en la gestión de los desechos de las instalaciones nucleares y frente a esta posición estaría asumiendo la defensa la Abogacía del Estado, tal como declarara la vicepresidenta tercera Sara Aagesen.
Más de 700 millones se suman al monto de lo que está en juego dentro el cronograma de cierre
En un escenario donde aumenta el debate por el cierre de las instalaciones nucleares el monto demandado por Endesa se suma a los 324 millones solicitados por Iberdrola, quien demandó en febrero con el mismo argumento, ascendiendo la cifra total demandada a 778 millones de euros.
Entre otras reclamaciones realizadas por estas empresas está la presentada en septiembre de 2024 ante el Tribunal Supremo alegando la falta de actualización desde 2006 del nuevo plan de residuos radiactivos y el incumplimiento por parte de Enresa y el Gobierno del contrato sobre el protocolo de 2019 donde se establecía el calendario de clausura de las plantas.
Expertos con conocimiento sobre los detalles de la reclamación sostienen que esta demanda derivará en un informe del Consejo de Estado y en caso de ser rechazada, lo que generalmente sucede, las compañías eléctricas tienen la posibilidad de conducirse a través de la vía judicial.
En conclusión, la energía nuclear se niega a morir en España y de hacerlo posiblemente lo haga causando estragos inimaginables porque además de que estas empresas presionan para no pagar de ganar la guerra judicial entablada estarían erosionando el presupuesto público con más de 700 millones de euros.
