Actualmente España atraviesa por un problema que resulta recurrente, pues pese a las propuestas realizadas no se ha podido avanzar y por lo que se observa, está lejos de hacerlo. El último esfuerzo realizado no tuvo una respuesta satisfactoria lo que podría llevar a una peor medida. Lo cierto es que sin consenso se tiene el riesgo de retroceder y empeorar el problema de fondo.
Sin acuerdo para solucionar el gran problema de España
La misma falla de siempre se agrava ante los actuales desacuerdos políticos que terminan haciendo más daño al país o ralentizando sus avances, puesto que el diseño de una potencial solución consume tiempo y tomar una decisión respecto a su rechazo o aprobación puede tomar mucho más.
Esa es la situación que actualmente se vive en España con respecto al apagón suscitado en el pasado mes de abril y para el cual se ha presentado una medida que no ha sido bien recibida por todos y por ende se está planteando otra alternativa de solución sobre la que sí haya consenso.
El pasado martes fue rechazado por parte del Congreso de los Diputados el decreto conocido como «Antiapagones» el cual engloba un conjunto de medidas que fueron señaladas como de reforzamiento del sistema eléctrico tras la interrupción eléctrica que se produjo el 28 de abril de este año.
Con 183 votos contrarios y 165 en apoyo el Real Decreto ley 7/2025 no pudo ser aprobado durante la sesión y entre quienes estuvieron en contra, además de una excepción en Sumar con el diputado Jorge Pueyo, se encuentran las siguientes agrupaciones políticas:
- PP
- Vox
- Podemos
- Junts
- BNG
- UPN
Un proyecto antiapagón que no fue aceptado
El Real Decreto-ley 7/2025 es de naturaleza técnica antes que política y sugiere extensas implicaciones en cuanto a la promoción de un mayor control público, incentivar el autoconsumo, penalizar a las plantas de gas y centrales nucleares que no absorban parte de la reactivación, monitoreo de los planes trianuales de la red y agilizar las autorizaciones.
En un escenario donde prevalece la desconfianza política dentro de los partidos que hasta hace poco apoyaban al Ejecutivo la normativa fue impulsada con la promesa de que las medidas de emergencia propuestas ayudarían a fortalecer el sistema eléctrico nacional, propiciando las siguientes acciones:
- Optimización de la supervisión de la infraestructura eléctrica
- Facilidad de acceso a nuevas industrias
- Fomento del autoconsumo
- Sanciones a empresas eléctricas en caso de incumplimiento
Aun cuando fueron aprobadas 6 de las 7 leyes presentadas ante el congreso el que no se haya aprobado del decreto de medidas urgentes provocó un drástico efecto de pérdida y aunque el presidente del gobierno español le restó importancia al asunto otros voceros gubernamentales calificaron el evento como decepcionante.
Los argumentos para desaprobar la medida
Respecto a las razones que impulsaron el rechazo de cada agrupación política se argumentan diferentes motivos, según el Partido Popular la propuesta respaldaba una política de energía fallida y opaca, esperando que hubiera alguna dimisión luego de la caída eléctrica en abril.
Representantes de Podemos esta vez no apoyaron al Gobierno alegando la ausencia de sanciones en el decreto dirigidas en contra de las compañías energéticas a cargo, calificando la propuesta como un «maquillaje legislativo» que realmente no conduce a ningún cambio en la situación eléctrica.
Los votos en contra por parte de Vox se explican desde el plano ideológico y su posición frontal hacia las iniciativas gubernamentales, mientras que diputados de Junts y BNG vieron el decreto como el otorgamiento excesivo de oportunidades a las grandes compañías del sector energético.
De acuerdo con la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, las medidas en el decreto tenían por objetivo la prevención de nuevas interrupciones eléctricas y destrabar algunos proyectos del sistema eléctrico que se encuentran pendientes y ante su no aprobación tocará seguir trabajando en torno a un nuevo decreto antiapagones.
En conclusión, el mismo problema de siempre en España del desacuerdo político frente a la posibilidad de un colapso inminente en el sector eléctrico del país podría tener un resultado peor si en el nuevo decreto presentado no se atiende a la las causas reales sino a la voluntad política.
