La organización Amigas de la Tierra alerta de que el despliegue de parques eólicos y solares abre un debate sobre quién se beneficia de la transición energética y quién asume sus impactos ambientales, sociales y económicos.
Las energías renovables se han convertido en la gran bandera de la lucha contra el cambio climático; de eso no cabe duda. Sin embargo, detrás de los discursos de sostenibilidad y las promesas de un futuro sin emisiones hay una pregunta que sobrevuela y tiene que ver con el hecho de si se está haciendo un modelo energético que sea justo o solo es una fachada para que grandes empresas cambien del negocio de los combustibles y sigan amasando dinero de otra manera.
Ante esto, Amigas de la Tierra lanza una advertencia y es si la transición energética puede terminar reproduciendo las mismas desigualdades, abusos y dinámicas extractivistas que dice combatir, pero con la excusa de las renovables.
Renovables que debajo esconden prácticas muy dudosas
La organización ecologista denuncia que instalar parques eólicos y fotovoltaicos no convierte automáticamente un proyecto en sostenible. Si se ocupan tierras agrícolas, se deteriora la biodiversidad, se acaparan recursos y se expulsa a comunidades de sus territorios, la etiqueta verde no basta para justificarlo.
El problema entonces es un modelo que sigue persiguiendo el crecimiento económico ilimitado y convierte la energía de las renovables en una mercancía sometida a los intereses financieros.
Uno de los casos más polémicos señalados por la organización es el de la empresa israelí Enlight Renewable Energy, a la que acusa de utilizar el discurso de la sostenibilidad para blanquear sus actividades en territorios palestinos.
Amigas de la Tierra reclama que no se permitan operaciones comerciales en España a compañías que, según denuncia, colaboran con la ocupación y el genocidio por mucho que la vistan de actividades renovables.
La controversia adquiere una dimensión directa aquí ya que Enlight puso en marcha el que la organización identifica como el mayor parque eólico del Estado y ha recibido el visto bueno del Gobierno para ampliar el proyecto con una instalación fotovoltaica y una planta de almacenamiento con baterías de litio.
Pero la crítica va mucho más allá de una empresa. La organización cuestiona que buena parte de los grandes proyectos renovables se concentren en zonas rurales mientras la electricidad se consume, en gran medida, en ciudades y polígonos industriales. Más del 80% de la generación eléctrica se sitúa, según los datos que recoge, lejos de los principales centros de consumo. El resultado puede ser un reparto desigual de beneficios e impactos: los territorios rurales asumen la ocupación del suelo y las consecuencias ambientales para abastecer demandas ajenas.
La alternativa que plantea pasa por aprovechar primero los tejados de viviendas, edificios públicos, aparcamientos y naves industriales, impulsar el autoconsumo y dar protagonismo a las comunidades energéticas. También reclama participación ciudadana desde el inicio, información transparente y capacidad real de las poblaciones locales para rechazar proyectos que afecten a sus territorios.
La denuncia incluye otra contradicción y es que la transición verde necesita minerales como litio, cobalto y cobre, cuya extracción puede generar contaminación, vulnerar derechos y crear nuevas zonas de sacrificio. A ello se suma la relación entre recursos energéticos, conflictos geopolíticos e industria militar.
En resumen queda clara una cosa y es que no todo lo que lleva el sello renovable es necesariamente justo. Descarbonizar no puede significar sacrificar pueblos, territorios y derechos en nombre de una nueva oportunidad de negocio. Si la transición energética reproduce los abusos del modelo que pretende sustituir, quizá no estemos cambiando de sistema, sino solo poniéndolo de un bonito color verde.











