Partimos de las múltiples y certeras denuncias en contra del nuevo régimen retributivo
El Ministerio de Industria ha hecho redactar a dos firmas ‘ mercenarias’ pero ‘ no estúpidas’ elaborar la nueva regulación sobre renovables, B.C., al tiempo que ha aportado al Tribunal Supremo un informe técnico de la otra firma, R.B., con fecha posterior a la publicación de la normativa de las energías renovables.
Tanto el Gobierno cómo de los susceptibles a la ley – victimas – forman parte de la documentación remitida por el Ministerio de Industria al Tribunal Supremo como parte de la tramitación de las denuncias presentadas por cientos de productores de energías renovables en contra del nuevo ‘injusto’ y ‘reprobable’ régimen retributivo, digno de la ANTI – MARCA ESPAÑA de PP.
Entre el material remitido, aparece una nota del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) del pasado 25 de febrero en la que se explica que el 11 de febrero quedó cancelado el contrato con las consultoras al producirse «incumplimientos…» por parte de la mismas.
El contrato de las consultoras desvelaban que los estándares retributivos de las energías renovables, así como la repercusión de los diversos procedimientos judiciales y arbitrales en los que participaba el Estado por causas ‘EVIDENTES’, e imputables de la nueva ley ‘destructiva’ y ‘demoledora’ del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Un informe a ‘posteriori’ de la reforma
En cuanto al informe técnico de casi 200 páginas con el título ‘Análisis de estándares de proyectos de producción de electricidad en régimen especial ‘ en fecha 31 de octubre de 2014. Al recibir este material, fuentes de las partes destacaron que este informe tiene una fecha posterior a la publicación a mediados de 2014 de la nueva regulación sobre energías renovables, lo que puede suponer un indicio ‘EVIDENTE’ de que los trabajos se entregaron con fecha posterior a la publicación de la norma para la que se encargaron. Las consultoras precisan en el propio informe fechado en octubre que había sido preparado «únicamente en el contexto del proyecto en la fecha del informe y conforme a procedimientos estándares de trabajo». Es decir, que han traducido al idioma del Ejecutivo, lo que no era, es, ni es defendible, ni éticamente ni judicialmente la postura del Gobierno de PP.
Jordi Company Armengol
CEO Grupo ECOticias