JGC lleva al Ciadi a España, que suma 16 procesos por renovables

La compañía japonesa JGC Corporation ha presentado una demanda de arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 16 procesos abiertos en esta institución por cuestiones relacionadas con la retribución de las energías renovables.

JGC Corporation es titular, junto con Abengoa, de dos centrales termosolares en Córdoba que suman una potencia instalada de 100 megavatios (MW).

La compañía japonesa JGC Corporation ha presentado una demanda de arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 16 procesos abiertos en esta institución por cuestiones relacionadas con la retribución de las energías renovables.

Según la información disponible en la página web del Ciadi la demanda presentada esta misma semana confirma a España como el tercer país del mundo con más arbitrajes, solo por detrás de Venezuela y Argentina, el organismo para la resolución de conflictos entre inversores y países del Banco Mundial.

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Las demandas de arbitraje contra España han llegado progresivamente desde noviembre de 2013, presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, y KS y TLS, a los que ahora se suma JGC Corporation.

Además, también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

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La termosolar de tecnología cilindroparabólica contará con un avanzado sistema de almacenamiento, lo que permitirá generar electricidad hasta cinco horas después de la puesta de sol.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.

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