Los fotovoltaicos exigen al nuevo Gobierno ‘seguridad jurídica’

En su participación en el II Foro Solar, el consejero delegado de Gestamp Solar y presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Jorge Barredo, reclamó «unas reglas del juego claras» para el sector, ya que actualmente no existe «una certeza para realizar inversiones y una seguridad jurídica» para que la actividad recupere el impulso en el país.

El sector fotovoltaica ha pedido al nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones generales de diciembre «seguridad jurídica y que se elimine la incertidumbre» existente actualmente para que regrese la actividad y las inversiones en el sector a España.

En su participación en el II Foro Solar, el consejero delegado de Gestamp Solar y presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Jorge Barredo, reclamó «unas reglas del juego claras» para el sector, ya que actualmente no existe «una certeza para realizar inversiones y una seguridad jurídica» para que la actividad recupere el impulso en el país.

«Para realizar inversiones en España tiene que mejorar el caldo de confianza», indicó Barredo, quien subrayó que las empresas que quedan en el sector sobreviven gracias a la actividad internacional y se mostró dispuesto a desarrollar una planta a ‘pool’ con el único compromiso del Gobierno de «no torpedearla en dos años».

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Asimismo, el sector consideró «fundamental» eliminar la posibilidad de revisar peródicamente la retribución en los proyectos regulados, ya que «introduce una «inseguridad jurídica notable», indicó Miguel Pérez, responsable de Asset Management y Transacciones de Vector Cuatro.

«Es necesario eliminar todos los elementos que distorsionan el sistema. Por ejemplo, el retorno razonable de la inversión en 2019 será un elemento desconocido, todo se puede regular de una forma más clara, limpia, eficiente y más estable. Todo ello es un requisito para atraer inversores y eliminar esa incertidumbre que se ha generado», destacó Iñigo Olaguibel, miembro del consejo de Fotowatio.

Además, los fotovoltaicos pidieron una nueva regulación para el sector que introduzca medidas que ayuden a agilizar el trámite de los nuevos proyectos, algo además que es una «posibilidad real» ya sin incentivos, añadió Pérez.
ESTRATEGIA «DILATORIA» DEL GOBIERNO

En lo que se refiere al frente de demandas internacionales contra el Estado español por la retroactividad aplicada al sector con la reforma energética, consideraron que la estrategia actual del Gobierno ya «no es la de ganar» estos arbitrajes, sino la de dilatar lo máximo posible el proceso y dar al tema «una patada para Europa».

«Pero tarde o temprano serán fallos en contra de España y habrá que pagar», indicó Olaguibel, quien aseguró que «hay fondos dispuestos a financiar a éxito» estas demandas internacionales contra el recorte a las renovables.
EL ‘IMPUESTO AL SOL’, UNA SOBRECONTRIBUCIÓN AL SISTEMA.

Por otra parte, el director general de UNEF, José Donoso, aseguró que el conocido como ‘impuesto al sol’ que introduce el nuevo real decreto de autoconsumo supone «una sobrecontribución» al sistema por parte del autoconsumidor.

En su ponencia, Donoso afirmó que el ‘impuesto al sol’ supone que el autoconsumidor tendrá que pagar más peajes para el mantenimiento del sistema que el resto de consumidores, «siendo además los que menos lo utilizan».

El director general de UNEF subrayó que el autoconsumo «no desestabiliza el sistema» y que el freno que representa el marco regulatorio establecido sólo se justifica por parte del Gobierno «en el miedo de que se va arruinar el sistema».

Sin embargo, defendió que cada 100 megavatios (MW) instalados de fotovoltaica suponen sólo una reducción de ingresos del sistema de 2,6 millones de euros, lo que representa un 0,01% de la facturación total del sistema, que asciende a 18.000 millones de euros. «Estaríamos hablando de en torno a 10 millones de euros al año para proyectos de autoconsumo en la velocidad de crucero prevista», dijo.

Así, Donoso subrayó que el autoconsumo es «beneficioso para España, es solidario, ya que se evita consumir CO2 y disminuye el uso de energías contaminantes, y genera competencia en el mercado eléctrico».

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