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domingo, enero 29, 2023

Instituciones autonómicas y europeas se suman a ANPER contra el recorte del Gobierno español a la energía solar

El recorte del 27% sobre la tarifa aplicada a la producción de energía fotovoltaica, emprendida con la aprobación del Real Decreto Ley 14/2010 por el Gobierno español, ha resonado en instituciones europeas y españolas. El máximo exponente de la Comisión europea en la materia y diversos gobiernos autonómicos se han posicionado al lado de los derechos de los inversores afectados. La pretendida retroactividad del decreto supone un perjuicio en los derechos adquiridos por los inversores en energía solar (a través de RD 661/2007), al tiempo que impide el avance en implantación de energías limpias, tal y como defiende la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables.

El recorte del 27% sobre la tarifa aplicada a la producción de energía fotovoltaica, emprendida con la aprobación del Real Decreto Ley 14/2010 por el Gobierno español, ha resonado en instituciones europeas y españolas. El máximo exponente de la Comisión europea en la materia y diversos gobiernos autonómicos se han posicionado al lado de los derechos de los inversores afectados. La pretendida retroactividad del decreto supone un perjuicio en los derechos adquiridos por los inversores en energía solar (a través de RD 661/2007), al tiempo que impide el avance en implantación de energías limpias, tal y como defiende la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables.

El Comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, ya dio un tirón de orejas públicamente al gobierno español, esta semana, al haber impuesto medidas retroactivas mediante el recorte de las primas. Una decisión que contraviene la normativa que incitó a la inversión particular en energía limpia.

Las declaraciones del Comisario respaldan la posición de ANPER y legitiman la lucha por ponerle freno a la retroactividad de la nueva norma que afectará a miles de españoles. Oettinger instó a España a avanzar en la inversión en energías limpias con tal de acercarse a los objetivos incumplidos en 2010 y respetar las expectativas que el Gobierno proporcionó a los inversores en su día.

Una reprimenda que se ajusta a las cifras incumplidas en la materia en nuestro país. Ya que en 2009, España se quedó un 2,7% por debajo del objetivo de 12,1%, fijado para la energía primaria; mientras que en electricidad se quedó un 5,2% por debajo del objetivo del 30,3% establecido para 2010. Además en este sector, España tampoco ha traspuesto a la legislación interna la Directiva 2009/28/CE en el plazo estipulado.

Los objetivos citados, que de momento España no alcanza, están en sintonía con la creación de un mecanismo de alimentación energética independiente y al margen de los recursos fósiles limitados. En la actualidad, la dependencia española sobre importaciones energéticas supera el 80%.

Mientras desde Europa se anima a los Estados miembros a duplicar los presupuestos destinados a la energía renovable, el tijeretazo español alcanza los 740 millones anuales en los próximos tres años. En este sentido, la presidenta de ANPER, Rocío Hortigüela, sostiene que el recorte a la producción de energía solar contraviene el compromiso de España de alcanzar un consumo de energías renovables del 22,7% en el año 2020.

Responsabilidad y apoyo a los productores desde las autonomías

En nuestro país, las instituciones españolas han comenzado a escuchar las advertencias de la posible inconstitucionalidad del RDL 1410/2010 de los productores de energía solar. Los gobiernos autonómicos, y los respectivos órganos representativos, de Navarra, Extremadura, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se han mostrado receptivos en cuanto al perjuicio que supone la retroactividad de la regulación frente a los derechos adquiridos de los propietarios de las placas en el momento de su compra e instalación.

La limitación de la vida útil de las instalaciones y el recorte en la tarifa de producción en un 27% de media ha supuesto que los representantes autonómicos incluyan en sus agendas el estudio del texto para la consecuente imposición de recurso de inconstitucionalidad. ANPER ha agradecido la atención y dedicación de los representantes en las cámaras autonómicas y espera que en los próximos días se adhieran otras autonomías.

Desde ANPER, Lluís Calatayud, ha afirmado que “la constitución ofrece instrumentos que impiden que una regulación pueda suponer perjuicio a otra anteriormente consolidada”. Es decir, que el RDL 14/10 no podría contravenir las condiciones mantenidas en los reales decretos anteriores (RD 661/2007 y RD 1578/2008), a los cuales se atuvieron los inversores cuando decidieron apostar por esta energía limpia.

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