La patronal eólica gallega perderá 270 millones anuales

El nuevo modelo, avisa la patronal eólica, reservará tras el recorte 1.200 millones de euros para la retribución regulada para parques eólicos en España.

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) calcula que la comunidad perderá 270 millones de euros anuales con el nuevo modelo retributivo que propone el Ministerio de Industria, una norma que «penaliza» a los productores eólicos» y, de modo «especial» a los gallegos.

   En un comunicado, la EGA critica la propuesta de orden entregada por el departamento que dirige José Manuel Soria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para regular las retribuciones de las instalaciones de producción eléctrica del régimen especial, que incluyen a las renovables, la cogeneración y los residuos.

   El nuevo modelo, avisa la patronal eólica, reservará tras el recorte 1.200 millones de euros para la retribución regulada para parques eólicos en España. De esta cantidad, «solo 80 millones corresponderán a parques gallegos», lo que representa el 6,7% del total, pese a que Galicia tiene 3.320 megavatios instalados y representa el 15% de toda la potencia eólica española.

   La patronal eólica se dirige también al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que pide que «se plante frente al ministerio de industria ante un atropello como el pretendido» y le exige que «defienda la energía eólica de Galicia». «Debe liderar una batalla en defensa de los intereses de Galicia y de sus empresas», insta EGA.

   Además, la asociación vuelve a reclamar a Feijóo que adopte «las medidas necesarias con el fin de que la Xunta recurra ante el Tribunal Constitucional el modelo que se deriva de la nueva ley del sector eléctrico». «Es absolutamente fundamental que desde Galicia se fomente dicho recurso de inconstitucionalidad para que no se consolide el modelo retributivo planteado», sostiene.

   Por su parte, avanza que la asociación presentará alegaciones a la propuesta de orden del ministerio y que planteará «los recursos judiciales necesarios contra las medidas retributivas planteadas». Para ello, agrega, espera «un apoyo incondicional por parte de la Xunta».

   La propuesta de Industria es, a juicio de EGA, «un claro ejemplo de retroactividad y falta de seguridad jurídica expresamente prohibida por la Constitución» y centra el recorte de la retribución «en la tecnología gallega».

«AGRAVIO COMPARATIVO»

   El texto presentado, incide la patronal eólica, «supone un agravio comparativo para la eólica frente al resto de fuentes» renovables, puesto que esta tecnología soporta «prácticamente un 70% del recorte retributivo» que se plantea, pese a que recibe «un 25% del monto total de la prima».

   Pero, dentro de la propia eólica, el sector cree que Galicia sale peor parada porque los parques nacionales «sufren un recorte medio en su retribución del 20%», mientras que en la comunidad la rebaja llega al 40% y hasta al 50%. Por ello, concluye que el sistema «penaliza y discrimina gravemente a Galicia» e «incomprensiblemente» favorece a las instalaciones menos eficientes.

PREVÉN IMPAGOS EN PRÉSTAMOS

   Ante este escenario, la patronal eólica gallega avisa de que «en determinados casos» el promotor no podrá «hacer frente a sus obligaciones financieras de pago de los necesarios préstamos bancarios» solicitados para construir los parques.

   La propuesta, insiste, penaliza a los parques más antiguos, con lo que «se castiga a las comunidades que en su momento realizaron una apuesta tecnológica de riesgo», pero de la que luego «se benefició el resto de España». «Es un modelo retributivo que prima la ineficiencia», protesta y critica que carece de «la necesaria progresividad y ecuanimidad».

   EGA considera «sumamente incomprensible» que Industria «pretenda justificar y defender la transparencia» cuando la orden, de 1.500 páginas, «plantea 1.400 posibles estándares retributivos diferentes entre eólica, fotovoltaica y termosolar».

   Además, censura que la medida es «un ejemplo más» de la intención del ministerio de «atribuir el déficit tarifario a la energía eólica», pese a que «en los últimos dos años se ha demostrado sin ningún género de dudas» que las medidas legislativas planteadas en este sentido por el ministerio «han fracasado». Ello se debe, sostiene, a que «la premisa de partida es falsa».

   En este contexto, la Asociación Eólica avisa de que plantear medidas locales que favorezcan la tramitación administrativa de los parques, cuando Industria «imposibilita su efectiva instalación», son «una gota de agua en el océano», pese a ser «satisfactorias».

ep

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