Vara pregunta a Monago si ‘no ha recibido llamadas de los inversores’ tras el ‘hachazo’ a las energías renovables

Fernández Vara ha alertado en rueda de prensa en Mérida de la «inseguridad jurídica» que genera para los inversores la aprobación, el pasado viernes en el Consejo de Ministros, del real decreto que suprime el sistema de primas a las energías renovables y lo sustituye por incentivos a la inversión.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha preguntado este lunes al presidente extremeño, José Antonio Monago, si «ahora no ha recibido llamada de los inversores», después del «hachazo» del Gobierno central a las energías renovables.

Fernández Vara ha alertado en rueda de prensa en Mérida de la «inseguridad jurídica» que genera para los inversores la aprobación, el pasado viernes en el Consejo de Ministros, del real decreto que suprime el sistema de primas a las energías renovables y lo sustituye por incentivos a la inversión.

Ante esta situación, Vara se ha preguntado si «¿no habla ahora Monago de los inversores?», debido a la «inseguridad jurídica que genera que quienes han invertido 7.000 millones de euros en Extremadura, amparándose en una legislación que ahora viene el Gobierno del PP y la cambia».

«¿Eso no genera inseguridad jurídica en los inversores?», se ha preguntado Fernández Vara, quien ha insistido en cuestionar si «¿no ha recibido Monago ninguna llamada, o es que solo recibe llamadas cuando hay mociones de censura?», ha dicho.

Así, Fernández Vara ha avanzado que el Grupo Socialista presentará una iniciativa en el Parlamento encaminada a que «quede claro» que «el conjunto de las fuerzas políticas extremeñas está absolutamente en contra de la decisión que el Gobierno de España ha tomado», pero «el daño ya está hecho», ha apuntado.

En su intervención, el dirigente socialista ha vaticinado que «probablemente mañana o cuando sea» el Gobierno de Monago anunciará que «la va a recurrir, pero el daño ya está hecho», ha reiterado Vara, quien ha calculado que «la ley que se recurre, se resolverá en el Constitucional dentro de seis o siete años».

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