APPA ‘en pie de guerra’ contra el nuevo decreto de energías renovables

En un comunicado, la patronal subraya que el real decreto cambia «radicalmente» todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones y «sumerge al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas que han hecho de España el país del mundo con más litigios internacionales».

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) recurrirá el real decreto de renovables, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, y toda la normativa del Gobierno ante la Comisión Europea y todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales.

En un comunicado, la patronal subraya que el real decreto cambia «radicalmente» todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones y «sumerge al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas que han hecho de España el país del mundo con más litigios internacionales».

Además, APPA señala que la publicación de la orden de parámetros retributivos prevista en el nuevo Real Decreto supondrá «la puntilla» que llevará al sector de las renovables «a una situación crítica».

Así, considera que el marco regulatorio «es un paso más en la estrategia de acoso y derribo» al sector de las renovables, «algo que el Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo desde su llegada al poder y su estreno con un primer real decreto ley que significó una moratoria para las renovables».

Para APPA, el real decreto aprobado introduce más inestabilidad regulatoria, «pues deja en el aire» la viabilidad de las instalaciones renovables existentes o futuras, ya que contempla la posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las mismas de forma arbitraria, «obviando que con este esquema de apoyo y con la ‘rentabilidad razonable’ establecida por el Gobierno en el Real Decreto no se habría instalado ni un solo MW renovable en España».

De esta manera, cree que la normativa «ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, española o extranjera», en el sector de las renovables en España y compromete «seriamente» los objetivos europeos asumidos por el propio Gobierno español.

ep

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