El Plenercan se aprobará en junio para evitar que el Estado recurra la ley eólica

Arasti ha subrayado que el Estado «tiene que velar» para que se cumpla la legislación básica y estatal y ha considerado «lógico» y «bueno» que se constituyan este tipo de mesas entre las dos Administraciones para evitar problemas futuros, como, según ha dicho, fue la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del concurso eólico del anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE).

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, mantiene el «entorno» de junio como fecha para que el Consejo de Gobierno apruebe el Plan de Sostenibilidad Energética (Plenercan), tras haber concluido la semana pasada la última información pública, y confía en que Cantabria y el Estado lleguen a un «acuerdo» que evite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley eólica.

«Naturalmente que sí», ha afirmado Arasti, al ser cuestionado en una rueda de prensa de balance de estos tres años de legislatura en su departamento sobre la posibilidad de un acuerdo entre ambas Administraciones que eviten que el Estado presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aprovechamiento Eólico de Cantabria, asunto sobre el que se ha mostrado «optimista».

Actualmente, ambas Administraciones están intentando resolver las discrepancias del Gobierno central en relación con la conocida popularmente como ley eólica de Cantabria en el seno de una Comisión Bilateral de Cooperación, que acordó en marzo iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer soluciones.

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«La política es el arte de llegar a acuerdos», ha asegurado Arasti cuando le han preguntado por la posibilidad de llegar a uno sobre esta ley, aprobada el pasado 25 de noviembre y que, según lo previsto, entrará en vigor el día que comience la eficacia del Plenercan.

Arasti ha subrayado que el Estado «tiene que velar» para que se cumpla la legislación básica y estatal y ha considerado «lógico» y «bueno» que se constituyan este tipo de mesas entre las dos Administraciones para evitar problemas futuros, como, según ha dicho, fue la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del concurso eólico del anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE).

El consejero ha opinado que en el concurso eólico se hubiesen evitado «muchísimos problemas» si el Gobierno de España que había cuando se aprobó, el del PSOE, hubiese «ejercido sus competencias» y «coordinado» en una mesa de trabajo como la que se ha formado sobre la ley eólica, algo que, a su juicio, hubiese podido evitar que se declarase ilegal y que haya habido que atraer otra legislación nueva.

Según el acuerdo que ambas administraciones notificaron al Tribunal Constitucional, en el caso de la Ley Eólica las discrepancias del Estado se centran en el título II y la disposición adicional segunda de la norma.

El Título II regula la autorización administrativa de los parques eólicos, y la disposición adicional segunda establece que la planificación energética de la Comunidad Autónoma será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno.

Según el Gobierno, el motivo principal de la discrepancia formulada por la Administración del Estado guarda relación con algunos de los criterios previstos en la ley para valorar las solicitudes de parques eólicos, en particular con aquellos que «ponderan las compensaciones al medio ambiente y al patrimonio cultural, introducidos con objeto de que los promotores de parques tuviesen desde un principio en cuenta estos aspectos».

El Estado considera que todos aquellos criterios de valoración que no están directamente vinculados con el proyecto técnico de parque podrían no ser aceptables, fundamentalmente a la vista de la regulación que en esta materia contiene la reciente Ley del Sector Eléctrico, aprobada el 26 de diciembre de 2013.

Este mismo proceso que se está siguiendo con la ley eólica, en virtud del cual se amplía en varios meses el plazo del Estado para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, es el mismo que se siguió con la denominada Ley ‘Antifracking’ de Cantabria, que finalmente fue impugnada por el Gobierno central, provocando su suspensión.

PLENERCAN

En cuanto al Plenercan, el consejero ha señalado que el pasado 7 de junio terminó la tercera información pública.

Ahora, se van a analizar las alegaciones presentadas en este plazo –no ha detallado cuántas se han registrado– y después será llevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

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