Los ecologistas rechazan la prórroga de la central nuclear de Almaraz: el colectivo ecologista ha manifestado su firme malestar tras confirmarse el permiso para mantener operativa la planta atómica extremeña. Denuncian que esta medida rompe el pacto previo para su clausura.
Diversas plataformas consideran que la decisión gubernamental responde exclusivamente a las presiones corporativas del sector eléctrico. Aseguran que la postura oficial perjudica la transparencia y frena el avance de las renovables.
Los estudios prevén un sobrecoste de 3.831 millones de euros para los hogares y las empresas hasta 2033. Asimismo, la prórroga pone en peligro cerca de 26.130 millones orientados a las energías limpias.
Los ecologistas rechazan la prórroga de la central nuclear de Almaraz y alegan presiones externas
Organizaciones ecologistas han criticado este viernes la decisión del Gobierno de prolongar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), al considerar que rompe el calendario de cierre pactado en 2019 y supone un retroceso en los compromisos climáticos y energéticos.
La organización Greenpeace ha expresado su «rechazo e indignación» y ha acusado al Gobierno de ceder ante la presión de las eléctricas, al considerar que la decisión responde al «interés económico» de las compañías y no «a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura» eléctrica.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha calificado la decisión de «error histórico» a través de una declaración difundida a los medios, y ha asegurado que supone un golpe a la credibilidad del Ejecutivo y a la transición energética.
A su juicio, es «especialmente preocupante» que la decisión se haya comunicado a mediados de agosto, y la ha calificado como un «desprecio a la ciudadanía» y «un insulto a la transparencia democrática», al tiempo que ha anunciado que la organización explorará «todas las vías» para «revertir este paso atrás».
Una decisión que afectará a los bolsillos de la ciudadanía
La organización ecologista ha advertido de que la medida tendrá un sobrecoste de 3.831 millones de euros para hogares y empresas hasta 2033, según un informe de la Universidad Rey Juan Carlos, y ha señalado que podría poner en riesgo hasta 26.130 millones de euros en inversiones en renovables y almacenamiento.
Greenpeace sostiene además que mantener la central en funcionamiento dificulta la entrada de nueva potencia eólica y solar y contradice los objetivos del PNIEC.
La organización ha advertido finalmente de que la decisión puede generar un «efecto dominó» y servir de argumento para nuevas prórrogas, al plantear un escenario en 2030 en el que cuatro reactores -los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes- dejarían de operar simultáneamente.
Alianza Verde critica duramente al Gobieno
Por su parte, el partido ecologista Alianza Verde ha calificado de «bochornoso» el anuncio y ha acusado al Gobierno de «someterse a los intereses del oligopolio», considerando así que la decisión contradice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y supone dar marcha atrás en los compromisos de transición energética.
Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, ha mencionado que el Ejecutivo «ha mentido» sobre su posición en la prórroga de Almaraz, pues, a su juicio, «hace tiempo advertimos que esto iba a ocurrir, el secretario de estado de energía dijo que era imposible -la prórroga de la central nuclear- y la ministra también«.
La formación ha reclamado explicaciones al Gobierno de coalición, al recordar que el cierre nuclear conforme al calendario pactado figuraba en el acuerdo entre PSOE y Sumar.
El aplazamiento amenaza con saturar la red eléctrica y postergar la descarbonización. A su vez, el cese simultáneo de los cuatro reactores hacia 2030 genera serias incertidumbres sobre el futuro suministro energético nacional.
