Desde el 27 de septiembre, en un lugar bien visible de cualquier tienda de la Unión Europea, ya sea una pared, la caja o la puerta, tiene que haber un cartel de tamaño A4 como mínimo, con una franja azul, un escudo con la letra G rodeada de estrellas y dos palabras en mayúsculas, «GARANTÍA LEGAL». El mismo aviso debe aparecer en color en las tiendas online para recordar a quien compra que todos los bienes vendidos en la UE tienen al menos dos años de garantía legal.
El cartel lo fija el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 de la Comisión Europea, adoptado el 25 de septiembre de 2025 y aplicable desde el 27 de septiembre de 2026. Con él llega también la etiqueta GARAN, un distintivo para los productos cuyo fabricante ofrece gratis una garantía de durabilidad de más de dos años que cubre el producto entero.
Las dos herramientas desarrollan la Directiva (UE) 2024/825, conocida como directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que según la Comisión los Estados miembros tenían que incorporar a su legislación antes del 27 de marzo de 2026.
Un aviso que nadie puede retocar
El Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) lo resumió en una nota del 12 de agosto, en la que explica que «todos los establecimientos comerciales, tanto físicos como en línea, deberán mostrar de forma visible un aviso armonizado que informe a las personas consumidoras sobre sus derechos de garantía legal».
El reglamento no deja margen al diseño, y su anexo I establece que «no se puede editar ninguno de los elementos del aviso armonizado». Impreso, el cartel no puede ser más pequeño que un A4, aunque puede imprimirse en A3, A2 o A1, y en las tiendas físicas puede ir en color o en blanco y negro.
La guía práctica que la Comisión publicó en abril de 2026 propone colgarlo en la puerta, en una pared o en el mostrador. En las tiendas online, el aviso tiene que ir siempre en color.
Lo que dice el cartel
La versión en español empieza con una frase destacada en un recuadro, «Garantía legal mínima de dos años para los bienes vendidos en la Unión Europea». Debajo recuerda que el comprador puede hacer valer sus derechos si los bienes «no coinciden con la descripción» o «no funcionan según lo previsto».
El aviso explica que los vendedores responden de cualquier falta de conformidad, es decir, de que el producto no sea como se vendió, siempre que existiera en el momento de la entrega y aparezca dentro del plazo de garantía. En ese caso están obligados a ofrecer «la reparación o sustitución gratuitas» y, en algunos casos, «una reducción del precio o un reembolso total».
Un apartado titulado «Qué hacer si recibe bienes no conformes» pide ponerse en contacto con el vendedor lo antes posible y aportar pruebas de la compra, «como un recibo, una factura o un extracto bancario». Un código QR lleva al portal Your Europe de la Comisión, donde cada país detalla sus propios plazos.
En España la garantía legal es de tres años
El cartel habla de dos años porque es el mínimo común europeo, y añade que «algunos países tienen un período de garantía legal más largo». España es uno de ellos, ya que desde el 1 de enero de 2022, por el Real Decreto-ley 7/2021, la garantía legal mínima de los bienes de consumo nuevos es de tres años.
«En España, esta protección es aún mayor, ya que la garantía legal mínima de los productos nuevos es de tres años», recuerda el CEC-España en su nota. La misma reforma amplió de cinco a diez años el tiempo que los fabricantes deben tener piezas de repuesto tras dejar de fabricar un producto, y en los artículos de segunda mano permite pactar un plazo menor, nunca inferior a un año.
Qué es la etiqueta GARAN
El reglamento explica que el título «GARAN» se refiere a «garantía» en varias lenguas de la Unión y va acompañado de un símbolo de marcado que indica que se garantiza la durabilidad del bien. La etiqueta lleva además un calendario con el número de años, un código QR y la frase «garantía del productor en años» en todas las lenguas oficiales.
Solo vale para una garantía comercial de durabilidad, que el reglamento define como «un compromiso del productor con el consumidor de que el bien mantendrá las funciones y el rendimiento requeridos con un uso normal durante un período determinado». Esa garantía tiene que ser gratuita, cubrir el producto completo y durar más de dos años.
Ofrecerla es decisión de cada fabricante, aunque si la ofrece y cumple esas tres condiciones, la página de la Comisión para empresas advierte de que entonces «es obligatorio utilizar la etiqueta GARAN». El fabricante solo puede rellenar los años de garantía, su marca y el modelo, y la etiqueta impresa mide como mínimo 95 por 100 milímetros.
Por qué Bruselas lo consideró necesario
La idea quedó cerrada en la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo en septiembre de 2023. «El 60 % de los consumidores europeos ni siquiera sabe que todos los productos tienen una garantía legal. Eso cambia hoy, con un recordatorio que estará presente en todas las tiendas de la UE y, en algunos casos, también en los envases», dijo entonces la ponente del Parlamento, la eurodiputada croata Biljana Borzan, del grupo socialdemócrata S&D, según el comunicado de la Eurocámara.
«Además, una nueva etiqueta de garantía ampliada mostrará claramente qué productos duran más, así que será más fácil comprar productos más duraderos», añadió Borzan. Cuando el pleno aprobó la directiva en enero de 2024, por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, insistió en la misma idea: «Nos alejaremos de la cultura de usar y tirar, haremos el marketing más transparente y lucharemos contra la obsolescencia prematura de los bienes».
La Comisión había presentado la propuesta en marzo de 2022. «Si no empezamos a consumir de forma más sostenible, no alcanzaremos los objetivos del Pacto Verde Europeo; es así de sencillo», dijo entonces el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Alargar la vida de los aparatos reduce también la basura electrónica, de la que laboratorios como los de la Universidad de Illinois intentan recuperar metales como el oro. La misma directiva prohíbe además las afirmaciones ambientales genéricas sin pruebas, un frente que ecoticias.com analizó al explicar la directiva contra el ecopostureo y que en España ya había alimentado las acusaciones de greenwashing contra el sistema de reciclaje de envases. Este otoño llegan también otras normas europeas sobre residuos, como la prohibición de exportar residuos plásticos fuera de la OCDE desde el 21 de noviembre.
Lo que mostraron las pruebas con compradores
El diseño final salió de un estudio que la Comisión encargó a las consultoras Ipsos, LE Europe y EY, con un experimento en el que los participantes compraban impresoras, lavadoras, televisores y maletas en entornos online de Finlandia, Francia, Irlanda, Rumanía y España y en una tienda física de electrónica en Polonia.
En el entorno de comercio electrónico, las cuatro etiquetas probadas aumentaron entre 11 y 21 puntos porcentuales la proporción de compradores que elegía el producto más caro con una garantía más larga, comparado con no poner ninguna etiqueta.
«Más encuestados eligieron el producto más caro con una garantía más larga cuando se mostraba cualquiera de las cuatro etiquetas, en comparación con el escenario sin etiqueta, en los tres entornos», escriben los autores del informe, fechado en septiembre de 2025.
Límites de la etiqueta y dudas en España
Si una garantía de durabilidad cubre solo una parte del producto, el fabricante no puede usar la etiqueta GARAN y tiene que avisar claramente de que la garantía se limita a esa parte. La guía de la Comisión precisa además que es el fabricante quien debe pasar los datos de esa garantía a la tienda, y que los vendedores «no deberían buscar activamente esa información del productor, por ejemplo, buscando en webs específicas del producto».
El CEC-España presenta la etiqueta como una opción para «aquellas empresas que ofrezcan una garantía comercial de durabilidad superior a la garantía mínima exigida por la ley». El reglamento europeo fija ese umbral en más de dos años, pero en España la garantía legal ya es de tres, y si la etiqueta exigirá aquí superarlos dependerá de cómo lo recoja la ley española.
La obligación de colgar el cartel nace de la directiva, que cada país tiene que incorporar a su legislación, y en España esa tarea corresponde a la Ley de Consumo Sostenible, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el 1 de julio de 2025. «Es una ley ambiciosa que incluye muchísimas medidas», dijo ese día el ministro Pablo Bustinduy.
«La Ley de Consumo sostenible está a punto de aprobarse», escribía la OCU el 23 de abril de 2026, en un artículo que recordaba que el plazo para incorporar la directiva «ya ha vencido, porque debía estar lista antes de finales de marzo». La organización esperaba ver si el texto recogía sus propuestas «antes de que pase a votación en el Congreso». Cuando el cartel se volvió obligatorio, el 27 de septiembre, la ley seguía sin aprobarse ni publicarse en el BOE, así que España llega tarde a la transposición. La Comisión ya ha expedientado a España, junto a otros 17 países, por no completar el derecho a reparar.
El reglamento completo se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 2 de octubre de 2025.
«Estamos apoyando a los consumidores que cada vez más quieren elegir productos que duren más y puedan repararse. Debemos asegurarnos de que su compromiso no se vea obstaculizado por información engañosa», dijo en 2022 la entonces vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová, cuando Bruselas puso sobre la mesa las normas que ahora llegan a las tiendas.
Imagen: © Unión Europea / Comisión Europea (CC BY 4.0)
