Exigen publicar mapas de metales pesados en suelos del Campo de Cartagena tras conocerse la existencia de cartografías que revelarían patrones de contaminación por plomo, cadmio, zinc y cobre. Las asociaciones Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor reclaman acceso inmediato a los datos primarios para permitir auditorías independientes.
Los colectivos alertan de posibles riesgos para agricultores, consumidores y el propio Mar Menor si se confirman concentraciones superiores a los límites legales en parcelas agrarias. Apelan al principio de precaución y exigen actuaciones urgentes, transparencia institucional y depuración de responsabilidades.
Además de la difusión de los mapas, los colectivos piden abrir investigaciones administrativas y, en su caso, judiciales para depurar responsabilidades.
Sostienen que la falta de control acumulada durante décadas no puede quedar impune y que las administraciones competentes, incluida la comunidad autónoma de Región de Murcia, deben aclarar qué medidas de vigilancia se adoptaron, qué informes se realizaron y por qué no se actuó antes con mayor contundencia.
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Exigen publicar mapas de metales pesados en suelos del Campo de Cartagena ante posibles riesgos agrícolas
Colectivos ecociudadanos reclaman transparencia total ante posibles concentraciones de plomo, cadmio y otros contaminantes en terrenos agrícolas.
La asociación ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han emitido un comunicado conjunto exigiendo a la Administración la publicación de toda la cartografía que señale la existencia de metales pesados en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
Plomo, cadmio y zinc bajo sospecha
Ambos colectivos reclaman «transparencia total y actuaciones urgentes» tras conocerse la existencia de mapas de isoconcentraciones de plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y cobre (Cu) que muestran «patrones espaciales coherentes de contaminación» y gradientes compatibles con aportes históricos de origen minero-metalúrgico.
Dicha documentación, elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por encargo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha salido a la luz durante la investigación que desde el pasado año realiza un juzgado de Cartagena a Tragsa por el presunto uso de tierra contaminada con metales pesados en el sellado del depósito minero de El Lirio, ejecutado en 2024.
Las asociaciones indican que, a pesar de la gravedad de lo que sugieren los mapas, la Administración no ha puesto a disposición pública los datos primarios que los sustentan. «Sin esos datos, no hay auditoría independiente posible, y sin auditoría no hay garantías para agricultores, trabajadores ni consumidores», argumentan.
Según los colectivos, hasta la fecha se desconoce el conjunto de datos analíticos (valores por muestra, coordenadas, fechas, profundidad efectiva y controles de calidad) necesarios para verificar si se cumplen los límites legales para suelos agrarios parcela a parcela.
Riesgo de bioacumulación en cultivos
Ambos colectivos reclaman «transparencia total y actuaciones urgentes» tras conocerse la existencia de mapas de isoconcentraciones de plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y cobre (Cu) que muestran «patrones espaciales coherentes de contaminación».
Asimismo, advierten que allí donde las isoconcentraciones superan los umbrales legales, existe una «incompatibilidad objetiva con el uso agrario», y avisan de los riesgos potenciales derivados de la bioacumulación en cultivos y la exposición directa de los trabajadores agrícolas a través del polvo y contacto dérmico.
«La incertidumbre residual no puede utilizarse como excusa para no hacer nada«, afirman, apelando al principio de precaución que obliga a gestionar el riesgo para proteger la cadena agroalimentaria, la salud pública y el Mar Menor, que recibe estos contaminantes a través de las escorrentías.
Ante esta situación, Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor plantean cinco exigencias concretas a la Administración competente. La primera es la «entrega inmediata» del dataset (conjunto de datos) primario completo, incluyendo georreferenciación, metodología analítica y memoria técnica que sustenta la cartografía actual.
También reivindican una campaña independiente de muestreo y que, en caso de no aportarse la información anterior, se realice un muestreo en suelos en cultivo (estrato 0-25 cm) realizado por laboratorios acreditados y con cadena de custodia documentada, priorizando las zonas señaladas como ‘puntos calientes’ en los mapas.
Igualmente, solicitan medidas provisionales de protección, con la actuación inmediata en las áreas de mayor riesgo para salvaguardar la producción alimentaria y la salud laboral, así como «transparencia y participación» incluyendo peritos independientes en el proceso de evaluación.
Posibles responsabilidades legales por inacción
Por último, exigen la depuración de responsabilidades, pues las organizaciones pro Mar Menor consideran «inaceptable» la «inacción administrativa», advirtiendo de posibles responsabilidades legales por prevaricación si se confirma que se conocían los riesgos y no se actuó.
«Basta de mapas sin datos y basta de silencio institucional», concluyen los colectivos, que han recalcado que la Administración «tiene el deber legal y moral de actuar», pues «la precaución no es una opción, es una obligación».
Los portavoces subrayan que el objetivo no es solo señalar culpables, sino garantizar la recuperación ambiental del territorio y evitar nuevos episodios de contaminación. Para ello proponen un plan integral que incluya análisis periódicos del suelo, restauración de zonas afectadas, apoyo técnico a agricultores y un sistema público de información ambiental permanente que permita seguir la evolución de los niveles de metales pesados con rigor científico y total transparencia. Seguir leyendo en RESIDUOS / RECICLAJE.
