Turquía mantiene abiertas 37 centrales de carbón y Australia sigue exportando combustibles fósiles; y ambos países participan en la organización de la cumbre climática. ¿Incongruencia?
La factura que trae consigo el seguir usando combustibles fósiles tiene dos caras: mientras los ciudadanos son los que se llevan la peor parte en cuanto a inundaciones, incendios, olas de calor y subidas de precios, las grandes compañías petroleras se siguen forrando con miles de millones cada año. ¿Sorpresa?
Esa es la hipocresía manifiesta que desde Greenpeace se quiere denunciar en el marco de la celebración desde el lunes de la COP31. Ante esto, los ecologistas piden un acuerdo internacional que establezca una hoja de ruta para abandonar el petróleo, el gas y el carbón, y señala directamente a los gobiernos que siguen protegiendo los intereses de esta industria.
Un ejemplo de esa hipocresía con combustibles fósiles como el carbón
Las cifras españolas nos pueden dar una pista de la denuncia a la que pone nombres y apellidos Greenpeace. Según los datos difundidos por la organización, Repsol, a la que identifica como la mayor empresa emisora de CO₂ de España, obtuvo 5.000 millones de euros de beneficios extraordinarios durante los nueve primeros meses de 2026.
«La cifra cuadruplica sus ganancias del ejercicio anterior y supera los máximos registrados en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania. La compañía prevé repartir 3.000 millones de euros en dividendos entre sus accionistas», detallan desde la entidad ecologista.
Mientras tanto, España ha afrontado un año de lo más triste: los peores incendios forestales de su historia, el verano con más días bajo olas de calor y más de 6.000 muertes vinculadas a las altas temperaturas, según las cifras recogidas por la organización.
A ello se suman las inundaciones provocadas por la dana Adam en la Comunidad Valenciana. El coste económico de los fenómenos meteorológicos extremos ascendió a unos 12.200 millones de euros en 2025.
«No todos estos daños pueden atribuirse a una sola empresa ni a un episodio concreto de emisiones, pero sí reflejan el coste creciente de un modelo energético que sigue dependiendo de los combustibles fósiles», siguen denunciando desde Greenpeace.
Y aquí aparece uno de los principales responsables políticos: los gobiernos que mantienen las subvenciones, autorizaciones y ventajas económicas de una industria cuya actividad contribuye al calentamiento global.
La COP31 no se libra de este paripé
La factura que trae consigo el seguir usando combustibles fósiles tiene dos caras: mientras los ciudadanos son los que se llevan la peor parte en cuanto a inundaciones, incendios, olas de calor y subidas de precios, las grandes compañías petroleras se siguen forrando con miles de millones cada año. ¿Sorpresa?
La contradicción también alcanza a la propia COP31. Turquía, país anfitrión, mantiene 37 centrales eléctricas de carbón en funcionamiento y contempla nuevas inversiones fósiles, según las denuncias de Greenpeace.
Australia, que comparte responsabilidades en la organización de las negociaciones, está a la cabeza como uno de los grandes exportadores mundiales de carbón y gas. Es difícil exigir al resto del planeta una transición energética mientras se mantienen estos intereses en casa.
La urgencia científica tampoco deja demasiado margen. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte en su informe de 2026 de que, con las políticas actuales, el calentamiento global podría alcanzar los 2,8 ºC a finales de siglo. Superar los 1,5 ºC incrementará los riesgos de inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.
Greenpeace reclama tres medidas concretas en Antalya: una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, un compromiso vinculante contra la deforestación y más financiación climática para los países vulnerables. También pide triplicar la capacidad renovable y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030.
En España, la organización exige que el futuro Gobierno surgido de las elecciones del 29 de noviembre impulse un sistema energético suficiente, eficiente y 100% renovable para 2040, además de nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles para financiar la acción climática.
La cuestión ya no es si existen alternativas, sino quién está dispuesto a asumir el coste político de aplicarlas. Mientras las petroleras reparten dividendos millonarios y los gobiernos retrasan decisiones, los ciudadanos afrontan las consecuencias económicas y ambientales de una dependencia que sigue sin tener fecha de caducidad.
La COP31 tendrá que demostrar si los compromisos climáticos sirven para cambiar el modelo energético o si vuelven a quedarse en declaraciones.
