Greenpeace celebra los 45 millones anunciados por la ministra Aagesen, pero señala la contradicción de la financiación climática de España: en 2024, solo el 15 % fueron subvenciones y apenas el 9 % se destinó a adaptación.
Financiar, sí; generar deuda a los países más vulnerables, no
España anuncia que dedicará más dinero para afrontar los impactos del calentamiento global, pero la pregunta incómoda sigue pendiente: ¿cuánto dinero se repartirá sin obligación de devolverlo? La financiación climática de España pierde fuerza como instrumento de justicia cuando obliga a los países receptores de dichas ayudas a asumir nuevas deudas.
Sara Aagesen ha anunciado en la COP31 que el país hará una aportación de 45 millones de euros para adaptación climática, pérdidas y daños. Greenpeace reconoce que este es un avance, pero exige subvenciones, compromisos anuales y cantidades mayores.
El Gobierno debe explicar cuáles son las condiciones de la financiación climática de España. Presentar una cifra sin aclarar su reparto, desembolso y carácter reembolsable no permite saber qué protección compra realmente el anuncio.
Cobrarles las ayudas a quienes sufren las catástrofes: la contradicción del crédito
Según los datos que aporta Greenpeace, solo el 15 % de la financiación climática española se entregó en forma de subvenciones en 2024. La organización sostiene, además, que una gran mayoría de las ayudas se canalizó mediante créditos no concesionales, que no son los que disfrutan de unas condiciones financieras más favorables.
La diferencia tiene consecuencias presupuestarias importantes: una subvención permite que se financien actuaciones sin la obligación de devolver las ayudas; un préstamo añade obligaciones de pago. El país receptor deberá encontrar el dinero necesario para protegerse, y además el que le permita devolver lo recibido, con los intereses que le correspondan.
No significa que los 45 millones de la financiación climática de España recién anunciados sean préstamos: el comunicado no permite afirmarlo. Precisamente por eso, Aagesen debe aclarar sus condiciones. Greenpeace reclama que esta aportación llegue como subvención. Celebrar el incremento es razonable; dar por resuelta su calidad sería prematuro.
La financiación climática de España debe evaluarse cuidadosamente y valorarse por los recursos que deja disponibles para proteger a la población, no únicamente por el volumen que puede exhibir el Gobierno.
El 9 % para adaptación expone una prioridad insuficiente
Greenpeace sitúa en apenas el 9 % la proporción dedicada a adaptación en 2024 y reclama elevarla al 50 %. La distancia revela un desequilibrio: prevenir daños sigue ocupando un espacio reducido dentro de la financiación que denuncia la organización.
La adaptación se concreta en decisiones reconocibles: alertas tempranas, protección frente al calor, abastecimiento resistente a sequías e infraestructuras preparadas para inundaciones. Posponer esas inversiones deja a personas y servicios esenciales más expuestos.
La financiación climática de España necesita aumentar esa protección sin confundir dos funciones distintas. Adaptarse busca reducir riesgos; atender pérdidas y daños responde a impactos que ya se han producido o no han podido evitarse. El Gobierno debe publicar cuánto recibe cada finalidad, mezclarlas bajo una cifra global dificulta exigir resultados.
Aagesen debe convertir el anuncio que ha hecho en la COP31 en dinero verificable
Sara Pizzinato, que es la delegada de Greenpeace en la COP31, reclama que se hagan aportaciones estables, crecientes y que no sean generadoras de nueva deuda. Esta exigencia sería vital para que de aquí en más en las cumbres no se acabe con anuncios muy aplaudidos y fotografiados, pero aislados y sin aplicaciones reales.
Para fiscalizar la financiación climática de España hacen falta datos públicos: calendario de desembolso, destinatarios, reparto entre fondos y porcentaje de subvenciones. Anunciar, comprometer y transferir dinero son pasos diferentes. El reconocimiento político debe corresponder al cumplimiento efectivo.
Greenpeace pide contribuir a una aportación global para adaptación de 120.000 millones de dólares para 2035. España debe explicar qué esfuerzo asumirá y cómo lo sostendrá: el objetivo internacional no sustituye las decisiones presupuestarias nacionales.
Pasar del 9 % al 50 % supondría multiplicar por 5,6 el peso relativo de la adaptación, manteniendo constante el presupuesto total. No basta con mover porcentajes: hacerlo recortando otras actuaciones trasladaría la insuficiencia. La responsabilidad del Gobierno es aumentar los recursos y mejorar sus condiciones para que proteger vidas deje de competir con devolver préstamos.










