Los 54 países del bloque africano han exigido que de la COP31 salga una financiación climática que les permita proteger a sus poblaciones y denuncian que los países más desarrollados intentan diluir sus obligaciones mientras las sequías y las inundaciones destruyen sus servicios básicos.
Si no hay financiación climática, África no firmará el acuerdo final de la COP31
África ha marcado una línea roja en Antalya: no aceptará un acuerdo final sin compromisos financieros concretos para la adaptación. Los países desarrollados afrontan una exigencia directa: poner recursos sobre la mesa para proteger a poblaciones que ya sufren la devastación climática.
Zanetor Agyeman-Rawlings ha dicho claramente: ‘No vinimos aquí a mendigar’. El representante del bloque africano recordó que la reclamación de financiación climática reúne a 54 países y que dicha demanda representa a más de 1.400 millones de personas.
El enfrentamiento expone una contradicción que resulta intolerable: los gobiernos que prometen implementar acuerdos de financiación climática siguen discutiendo cómo financiar escuelas, hospitales y territorios amenazados. África exige que se concreten cantidades, se depuren responsabilidades y se les dé acceso efectivo al dinero.
Los países ricos deben responder por obligaciones, no ofrecer caridad
El ministro senegalés Alioune Ndoye denunció que en la COP31 hay claramente un intento por parte de los países desarrollados de diluir sus obligaciones mezclando su parte en la financiación climática con aportaciones voluntarias. La distinción es fundamental porque una obligación no puede convertirse en una donación opcional ni usarse para facilitar un acuerdo político.
El artículo 9.1 del Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben proporcionar los recursos financieros necesarios con los que ayudar a los países en desarrollo en mitigación y en adaptación al cambio climático. El artículo 9.2 anima a todos los países a contribuir de forma voluntaria, pero son responsabilidades muy diferentes.
La crítica africana señala precisamente ese riesgo: presentar una bolsa de aportaciones heterogéneas sin dejar claro quién debe aportar, cuánto y cuándo. Una financiación climática cuyo acceso sigue siendo inalcanzable no protege a las comunidades. Los gobiernos obligados a proporcionarla deben explicar cómo llegará a proyectos ejecutables.
Borrar los 120.000 millones debilita la promesa de adaptación
El último borrador conserva el llamamiento a triplicar la financiación para adaptación hasta 2035, pero elimina la referencia a un mínimo de 120.000 millones de dólares, además de la petición específica a los países desarrollados de aumentar sus aportaciones y presentar una hoja de ruta.La diferencia es sustancial. Mantener un verbo ambicioso mientras desaparecen la cantidad y los responsables debilita la posibilidad de exigir resultados.
Para el bloque africano, un acuerdo aceptable debe permitir comprobar qué dinero se compromete y cómo se desembolsa. Si no hay una base de cálculo clara, no se cuenta con un calendario y no se realiza seguimiento adecuado, anunciar que se triplicarán los recursos deja preguntas esenciales sin resolver.
La presidencia de la COP31 debe responder por el texto que propone. Cerrar la conferencia con una fórmula deliberadamente imprecisa trasladaría el coste del consenso a quienes necesitan protección.
Hospitales inundados: el precio concreto de seguir aplazando
Deborah Mlongo Barasa es la ministra keniana de Medio Ambiente y ha descrito las sequías prolongadas seguidas de inundaciones devastadoras que padece su país y que dejan a los centros sanitarios y a las escuelas bajo el agua. También ha recordado que más de 600 millones de africanos no tienen electricidad.
Cada infraestructura destruida por los efectos de los eventos extremos compromete los servicios que ya eran insuficientes. Reconstruir absorbe unos recursos que podrían destinarse a atención médica, educación, agua o suministro energético.
La financiación climática para adaptación debe permitir anticiparse: proteger instalaciones esenciales, reforzar infraestructuras y reducir la exposición de las comunidades. Llegar después del desastre perpetúa la vulnerabilidad.
El ultimátum que ha planteado el bloque africano obliga a medir Antalya por esas respuestas. Los países más desarrollados deben demostrar que sus compromisos incluyen financiar la protección, además de negociar unas declaraciones.
¿Qué dice el Acuerdo de París?
El artículo 9.5 del Acuerdo de París también exige a los países desarrollados comunicar cada dos años información indicativa sobre sus aportaciones previstas de financiación climática, incluidos los recursos públicos cuando estén disponibles.
La previsibilidad financiera ya forma parte del acuerdo. Los gobiernos ricos deben convertir esa información en presupuestos utilizables: ninguna administración puede contratar obras de protección con una promesa cuyo desembolso desconoce.










