La demanda de Lidl contra OBA llega a juicio: la organización alerta del miedo a informar sobre los pollos

Sandra M.G.
Publicado el 20 de noviembre de 2026 a las 08:42
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Juicio por la demanda de Lidl contra OBA sobre campañas informativas acerca de pollos.
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El juicio por la demanda de Lidl contra OBA se celebrará entre el 16 y 17 de diciembre, según ha informado el Observatorio de Bienestar Animal. La organización reivindica el respaldo científico que está detrás de sus campañas de bienestar animal y, paralelamente, la cadena de supermercados cuestiona el rigor de las mismas y defiende su reputación.

Todo sobre la demanda de Lidl contra OBA

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) se enfrentará los próximos 16 y 17 de diciembre al juicio derivado de la demanda presentada por Lidl España contra la organización, tras sus campañas informativas de 2024.

En la demanda de Lidl contra OBA, la ONG defenderá ante el tribunal que sus publicaciones se fundamentan en datos y estudios científicos y reivindica el derecho de las organizaciones a informar sobre cuestiones de interés público.

El juicio de la demanda de Lidl contra OBA se celebrará en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia n.º 5 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona, Cataluña).

¿Qué hay detrás de la demanda?

La demanda de Lidl contra OBA fue presentada por Lidl España en 2025, tras las campañas informativas que el Observatorio de Bienestar Animal desarrolló en 2024 sobre las conclusiones encontradas respecto del bienestar de los pollos comercializados, criados en sistemas intensivos de producción.

Además de cuestiones relacionadas con la composición nutricional de la carne y la salud pública, como la resistencia a los antimicrobianos y la presencia de alteraciones musculares conocidas como white striping. En su demanda, la compañía alega haber sufrido perjuicios económicos y daños reputacionales como consecuencia de estas publicaciones.

El procedimiento pone sobre la mesa el derecho a informar y la libertad de expresión y las consecuencias que puede tener para las organizaciones ser demandadas por ejercerlos.

No se puede dejar de informar por miedo a las represalias

“No debería ocurrir que una organización se plantee dejar de informar por miedo al coste de defenderse ante los tribunales. Nuestras publicaciones se apoyan en datos y estudios científicos y defenderemos nuestro trabajo ante el juez. Pero este caso va más allá de OBA: nos preocupa el efecto que procedimientos como este pueden tener sobre otras organizaciones que trabajan para informar a la ciudadanía”, señala José Luis Murillo, director general de OBA.

En la demanda de Lidl contra OBA, la organización reclama que el derecho a comunicar información veraz está reconocido en el artículo 20 de la Constitución. En el ámbito europeo, el informe CASE 2025 ha documentado 1.303 demandas contra la participación pública entre 2010 y 2024, 167 de ellas iniciadas en 2024.

La Directiva (UE) 2024/1069, que protege a quienes participan en el debate público, debía estar incorporada a las legislaciones nacionales antes del 7 de mayo de 2026. En España, el anteproyecto de transposición se presentó el 14 de abril y sigue sin aprobarse; la Comisión Europea emplazó a España el 15 de julio por el retraso en la transposición.

“La libertad de información es un derecho fundamental y su ejercicio veraz está protegido por la Constitución. Defenderemos ante el juez que OBA actuó dentro de ese marco. Por respeto al procedimiento, no nos pronunciaremos sobre las pruebas hasta que se celebre el juicio”, afirma María Victoria Hormigos, abogada de la organización en la demanda de Lidl contra OBA.

¿Se aplica la directiva europea anti-SLAPP en este caso?

La directiva europea anti-SLAPP establece que existen garantías para determinados procedimientos civiles que tienen repercusiones transfronterizas. Su existencia no convierte automáticamente este litigio en una demanda de esas características estratégicas y contra la participación pública ni determina la aplicación de dicha normativa al caso.

Esa valoración requiere que se haga un examen de las circunstancias y del marco procesal correspondiente a la demanda de Lidl contra OBA, ya que defender el derecho a informar también exige que exista una determinada precisión jurídica.

Sandra M.G.

Sandra M.G.

Inicie mi trayectoria en ECOticias.com como colaboradora y después desempeñé el puesto de redactora, especializada en temas como medio ambiente, cambio climático, energías renovables, sostenibilidad y ecología. Ganadora de varios premios literarios.

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