España regula los centros de datos: exigir eficiencia no basta para frenar su voracidad energética

Jordi Company
Publicado el 20 de noviembre de 2026 a las 18:24
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Instalaciones de centros de datos sometidas a nuevas condiciones ambientales en España.
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El Gobierno impone condiciones energéticas y ambientales a los centros de datos, pero ordenar su expansión exige evaluar también el consumo acumulado, la disponibilidad de agua y los costes que podrían trasladarse a otros usuarios.

Los centros de datos necesitan electricidad, agua, suelo e infraestructuras físicas. Presentarlos como una «nube» oculta las decisiones territoriales que acompañan su expansión: qué recursos utilizan, quién obtiene los beneficios y quién soporta los impactos.

El Gobierno ha aprobado un real decreto que introduce requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital. Condicionar el despliegue supone un avance frente a la expansión sin garantías suficientes.

Pero una instalación eficiente puede consumir enormes cantidades de recursos. La prueba de la norma será su capacidad para ordenar el conjunto de proyectos, controlar incumplimientos y permitir que la ciudadanía conozca qué se autoriza en su territorio.

Centros de datos

En el último año, los anuncios de nuevos centros de datos hiperescalares han inundado los medios de comunicación. Noticia tras noticia, resulta imposible seguir la ingente cantidad de proyectos que se asoman por toda España. Por el camino, apenas se ha logrado comprender qué es esta infraestructura, cuál es su función y qué impactos asociados conlleva. La opacidad de las empresas, pero también de administraciones públicas, no ha hecho más que profundizar el problema: los centros de datos han quedado envueltos en una densa niebla de dudas, desinformación y cuestiones sin resolver, que resultan esenciales para la ciudadanía y la democracia.

Más renovables y condiciones de conexión: el avance debe ejecutarse

¿Cuánta energía, agua o suelo consumirán? ¿Realmente generan beneficios en los territorios? ¿Cuántos centros de datos necesitamos si hablamos de soberanía o autonomía digital? O preguntas previas que han sido obviadas: ¿realmente necesitamos este boom de gran escala? ¿A quién beneficia esta burbuja especulativa?

La normativa que se publica este viernes en el BOE debería dar respuesta a algunas de estas preguntas, despejando la niebla y, sobre todo, actuando como barrera frente a los ritmos desbordados marcados por la industria de las Big Tech, los fondos de inversión y las corporaciones energéticas. Unos tiempos que no esperan a las tecnologías necesarias ni a la ciencia que garantice la viabilidad de ese desarrollo. Tiempos que, de la misma forma, arrasan los procesos sociales, democráticos y ecosistémicos, que necesitan de procesos más alargados, más sosegados. Observamos “modelos de frontera”, que alejan a la ciencia de su necesaria función social, ecosistemas alterados que llegan a generar efectos mariposa como el que hemos visto en Finlandia: manadas de lobos desplazadas por la construcción de un centro de datos. En definitiva, procesos de una fragilidad vital absoluta siendo pulverizados por una urgencia ficticia, planificada en un valle californiano, muy lejos de nuestros foros de debate y decisión, y a la que rápidamente se sumó el gran capital nacional. 

La eficiencia no responde a cuánto consumo puede soportar un territorio

Hasta hoy, el vértigo del ladrillo en su fase tecnológica no ha tenido freno legal. Sin embargo, la publicación del Real Decreto que regula la sostenibilidad, la resiliencia y la soberanía digital de los centros de datos en España supone un avance pionero en la regulación de la “nube digital”, que últimamente ha tomado forma de tormenta, en lugares como Aragón. Estamos ante la primera limitación en nuestro país para empresas como AWS, Microsoft, Meta, pero también para ACS, Blackstone o la gigantesca Merlin Properties, en lo relativo a su infraestructura digital. Una normativa que se convierte en referente global. 

La normativa constituye, en el fondo, un desincentivo para nuevos centros de datos que, de seguir adelante, dispararían el consumo eléctrico. En algunos territorios, como Aragón, amenazan con multiplicar por nueve el consumo que la comunidad tenía en 2024. También impone el uso de energías renovables en porcentajes elevados y pese a no problematizar su crecimiento; regula el acceso a una red eléctrica saturada y establece condiciones de transparencia, además de trazar algunas líneas generales de soberanía de datos y favorecer las infraestructuras de carácter público.

Sin transparencia e inspección, las obligaciones pueden quedarse en papel

Sin embargo, la existencia de un charco en el desierto legislativo no puede ser considerada un océano de salvación. La normativa es claramente insuficiente para blindar los territorios ante la acaparación de recursos, datos y capital de las multinacionales. Por muchos motivos: su rango reglamentario; la mirada extractiva de agua y energía que aplica; la falta de imposición de máximos de consumo, a nivel estatal y autonómico; el periodo de adaptación a las condiciones energéticas que no frenará de manera tajante la expansión; o la falta de herramientas institucionales para monitorizar, inspeccionar y exigir rendición de cuentas a aparatos empresariales con mayor capacidad y patrimonio que el propio Estado, en varios casos. Tampoco se establecen garantías de transparencia suficientes, obviando centenares de alegaciones recibidas en el proceso de aprobación de la normativa.

Además, el Real Decreto aparece recortado sobre su versión inicial por la presión de la patronal, que ha sido escuchada por el Gobierno, cediendo espacio ante los mismos “tecnoligarcas” que denuncia en campaña electoral. La incomprensión del vínculo entre infraestructura y algoritmos termina dando lugar a consecuencias ambientales, sociales y democráticas sin precedentes.

No obstante, nos encontramos ante una normativa “arrancada” por una movilización social creciente, formada por ecologistas, vecinas y vecinos, movimientos de derechos humanos y digitales y académicas críticas, que han rechazado los proyectos mediante alegaciones, litigios estratégicos, concienciación ciudadana y protestas por toda la Península, que han protagonizado la disputa este mismo mes. Por ello, el Real Decreto es una barrera, insuficiente y lejana a escenarios deseables, pero que supone un respiro y un primer triunfo popular de la movilización contra el modelo masivo de centros de datos en nuestro país.

La movilización contra las expresiones materiales y digitales del capitalismo tecnológico crece internacionalmente, reclamando también moratorias, es decir, una pausa en la construcción de los centros de datos que ya ha sido puesta en práctica Estados Unidos o Irlanda, lugares que vivieron primero la llegada de estas infraestructuras. La moratoria aparece ahora en España como el siguiente paso innegociable ante una aceleración desbocada: tiempos pausados para deliberar y decidir, como sociedad, qué modelos digitales queremos construir. Modelos compatibles con la naturaleza y con una vida que cada vez se hace más cuesta arriba. Sirva este Real Decreto como un alto en el camino con el que respirar antes de seguir caminando.

Albergar infraestructura no equivale a controlar los servicios

La soberanía digital tampoco depende únicamente de construir edificios en España. Para determinados sistemas públicos especialmente sensibles, el decreto exige garantías sobre ubicación de datos y control de accesos desde terceros países. Esa distinción importa: albergar infraestructura no equivale automáticamente a controlar los servicios, los datos o las decisiones empresariales que operan sobre ella.

Jordi Company

Jordi Company

Jordi Company es bien conocido en el ambiente editorial catalán, precursor del concepto 'free press', y una amplia experiencia de 40 años en TV, radio y prensa ha destacado por 'emprender' y 'fundar' diversos Grupos de Comunicación. Actualmente, está al frente de ECOticias.com, un medio que es visitado en castellano e inglés por lectores de medio mundo y líder en audiencia desde 2004. Company es miembro de la 'Red Internacional de Escritores por la Tierra' (RIET) entre otros.

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