Esta mañana se han reunido representantes de las organizaciones Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas y Veterinarios sin Fronteras con Enrique Múgica Herzog para trasladarle la enorme preocupación de la sociedad civil ante la agresión a los derechos sociales, económicos y culturales que supone el cultivo y el uso de los transgénicos en España.
Con la presentación del documento Exposición acerca del desamparo ante la ley de la alimentación y agricultura libre de organismos modificados genéticamente, estas organizaciones, que consideran imprescindible la misión del Defensor del Pueblo en la protección y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, denuncian la actitud del Gobierno español en materia de transgénicos. La reunión ha sido satisfactoria para todos los asistentes y el defensor del pueblo se ha mostrado interesado en la queja que se ha formulado basada en la documentación entregada.
El Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en territorio español en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. Los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cuotas peligrosas. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció el pasado mes de octubre la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español (1). Pero lejos de ejercer un contrapeso al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias y sociales llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc (2).
Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denuncian los efectos sociales, ambientales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner una remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha de maíz transgénico MON 810 de la multinacional Monsanto que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de la multinacional y de la complicidad del Gobierno.
Además, las organizaciones que se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo consideran que la situación actual no reconoce el derecho de consumidoras y consumidores a elegir si quieren o no ingerir transgénicos.
Las entidades presentes en la reunión han solicitado al Defensor del Pueblo:
· un dictamen sobre la situación de desamparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de organismos genéticamente modificados
· en su caso, una propuesta de modificación legislativa que garantizaría el amparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de OMG
· el traslado de su dictamen y propuestas a las instituciones pertinentes.
Amigos de la Tierra
