Las autoridades europeas han promocionado la nueva ley como una manera de dar a los gobiernos más soberanía en la decisión de prohibir o no los cultivos transgénicos.
Esta semana se discute en Bruselas una nueva legislación sobre cultivos transgénicos. Según Amigos de la Tierra las empresas biotecnológicas, como Monsanto o Syngenta, tendrían un poder sin precedentes para decidir si los países europeos pueden prohibir o no los cultivos transgénicos.
Las autoridades europeas han promocionado la nueva ley como una manera de dar a los gobiernos más soberanía en la decisión de prohibir o no los cultivos transgénicos. Sin embargo la propuesta otorga a las empresas de biotecnología el derecho a decidir si se permite o no una moratoria sobre un cultivo modificado genéticamente. Según la propuesta a debatir esta semana, si un gobierno quiere restringir o prohibir en su territorio el cultivo de un transgénico tendrá que solicitar en primer lugar el acuerdo de la empresa. Si la empresa se niega, el gobierno se verá obligado a recurrir a argumentos jurídicos indeterminados, no científicos, sobre los que prohibir los cultivos transgénicos debido a la nueva propuesta, lo cual permitirá que se cuestionen las moratorias.
Blanca Ruibal, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra, ha señalado que “es un golpe contra la democracia que una empresa como Monsanto pueda tener la decisión de prohibir sus productos. Los Gobiernos tienen que poder restringir estos cultivos peligrosos, que la gente no quiere, sin pedir permiso a ninguna empresa”.
“Muchos países europeos llevan más de quince años luchando contra la expansión de los cultivos transgénicos en su territorio y defendiendo su derecho a prohibirlos. Esta propuesta es un regalo envenenado, fracasa completamente en el objetivo de dotar a los estados miembros de derechos sólidos para prohibir los transgénicos”, ha añadido la responsable de Amigos de la Tierra.
Amigos de la Tierra solicita que se otorgue a los estados miembros poderes reales para mantener sus campos libres de cultivos transgénicos y proteger el derecho a elegir de las personas consumidoras. Como mínimo, se debe eliminar el requerimiento que obliga a los países a pedir permiso a las empresas para la prohibición y que se fortalezcan los motivos legales para aprobar las moratorias.
