En Andalucía, de los perros inscritos en el Registro Central de Animales de Compañía, 68.518 son potencialmente peligrosos; y en Madrid hay 8.537 canes catalogados de esta forma, mientras que hace cuatro años había 4.600.
El número de perros potencialmente peligrosos, denominados ‘PPP’, casi se ha duplicado desde 2013 en España y tres de cada cuatro propietarios de estos animales reconocen desconocer la actual normativa que identifica a los PPP, por lo que no aplican las directrices marcadas por la ley, según un estudio elaborado por Toppercan entre sus más de 5.000 socios.
En Andalucía, de los perros inscritos en el Registro Central de Animales de Compañía, 68.518 son potencialmente peligrosos; y en Madrid hay 8.537 canes catalogados de esta forma, mientras que hace cuatro años había 4.600.
«El conocimiento de la normativa es fundamental para todos aquellos amantes de los animales que tienen o están pensando adquirir un perro como mascota de alguna de las razas tipificadas en la ley como potencialmente peligrosas«, señalan desde Toppercan.
La actual normativa señala como perros de riesgo aquellos que cuentan con fuerte musculatura; aspecto poderoso; resistentes; de pelo corto; con cabeza voluminosa y mandíbulas grandes y fuertes; un perímetro torácico de entre 60 y 80 centímetros; una altura de la cruz (estatura medida desde el comienzo del cuello, en el punto más alto de los omóplatos, hasta el suelo) de entre 50 y 70 centímetros; y un peso superior o muy próximo a los 20 kilos.
La directora de Toppercan, Marisa Rodríguez, ha advertido de que los propietarios de perros peligrosos deben contar con una licencia municipal, que ronda los 150 euros anuales, para garantizar el pago de los posibles daños materiales y personales. Para obtenerla, los dueños deben someterse, entre otros requisitos, a un test para comprobar que tienen una personalidad equilibrada, capaz de controlar a un animal de estas características.
El dueño de un perro potencialmente peligroso debe ser siempre mayor de edad, no contar con antecedentes penales y, sobre todo, someterse a una evaluación psicológica que certifique sus condiciones para hacerse cargo del animal. Además, Toppercan recuerda que la venta de estos animales entre particulares está prohibida.
Para la plataforma, el problema reside en que estos perros «tan potentes» tienen dueños que desconocen los problemas asociados a estas razas y no saben de adiestramiento ni las necesidades básicas del perro.
El perro debe estar inscrito en el registro autonómico de canes PPP; ir siempre atado y con bozal en zonas públicas; y tener tarjeta de identificación, cartilla sanitaria y un certificado veterinario que acredite su salud.
«A pesar de que la ley de razas potencialmente peligrosas puede parecer demasiado severa y rigurosa, sus exigencias no son nada en comparación con la de otros países», resaltan desde Toppercan, que también aseguran que en España «apenas» existen leyes que regulen la tenencia de este tipo de animales, por lo que, a su juicio, es necesaria «más regulación» y «más concienciación».
