La criminalización de la protesta climática vuelve a ocupar el centro del debate político y social en España tras la apertura de un nuevo juicio contra activistas vinculados a movimientos ecologistas y sociales. Marina Martínez, Francisco del Pozo y Jorge Riechmann serán juzgados el próximo 26 de mayo por participar en una acción pacífica desarrollada en Madrid en 2019 para denunciar la falta de respuesta institucional frente a la emergencia climática y exigir medidas reales contra el calentamiento global.
Las organizaciones convocantes consideran que la criminalización de la protesta climática refleja una creciente presión institucional sobre los movimientos sociales que cuestionan la inacción política ante la crisis ecológica. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas denuncian que este tipo de procedimientos judiciales buscan limitar el derecho a la protesta pacífica y generar un efecto disuasorio sobre futuras movilizaciones relacionadas con la emergencia ambiental y climática.
La comunidad internacional y numerosos expertos coinciden en que la respuesta a la crisis climática debe basarse en la participación activa de la ciudadanía y en acciones colectivas pacíficas.
La criminalización de la protesta climática intensifica la tensión entre activismo y Estado
Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas denuncian presión judicial contra movimientos ambientales tras el juicio abierto contra tres activistas por una protesta pacífica celebrada en Madrid.
Los hechos por los que serán juzgados los activistas se remontan al 7 de octubre de 2019, cuando cerca de 300 personas participaron en una acción de desobediencia civil convocada por Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain.
La movilización consistió en el corte temporal del tráfico en una de las principales arterias de Madrid como forma de denuncia frente a la falta de medidas políticas efectivas para afrontar el cambio climático y reducir emisiones contaminantes.
Según los colectivos ecologistas, la protesta fue completamente pacífica, aunque terminó con alrededor de 180 personas identificadas, varias personas heridas y tres detenciones. Las acusaciones incluyen un supuesto delito de resistencia grave a la autoridad, cargos que las organizaciones consideran desproporcionados respecto a los hechos ocurridos durante aquella jornada de protesta climática.
Las posibles penas contemplan hasta tres meses de prisión o multas económicas de entre 6 y 18 meses, una situación que los movimientos sociales interpretan como un precedente preocupante para la libertad de manifestación y la participación ciudadana.
La presión judicial sobre el activismo ambiental crece en Europa
La criminalización de la protesta climática se ha convertido en un fenómeno cada vez más visible en distintos países europeos durante los últimos años.
De manera paralela a este proceso judicial, el filósofo y activista Jorge Riechmann afronta además otro procedimiento relacionado con las protestas impulsadas por Rebelión Científica en 2022 frente al Congreso de los Diputados.
Durante aquella movilización, cerca de un centenar de activistas vertieron un líquido biodegradable rojizo sobre las escaleras del Congreso para denunciar la inacción política frente a la crisis ecológica. La acción terminó con la detención e imputación de 15 personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales y ambientales.
Organizaciones ecologistas europeas denuncian que numerosos gobiernos están endureciendo la respuesta policial y judicial frente a acciones de protesta climática, especialmente aquellas vinculadas a desobediencia civil no violenta o interrupción simbólica de actividades públicas.
La criminalización de la protesta climática reabre el debate sobre democracia y emergencia ecológica
Para colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, estos procesos judiciales forman parte de una estrategia institucional destinada a contener las movilizaciones vinculadas a la transformación ecológica y social.
Las organizaciones sostienen que la criminalización de la protesta climática busca proteger un modelo económico altamente dependiente de combustibles fósiles y crecimiento intensivo mientras se limita la capacidad de organización ciudadana y presión social.
Los movimientos ambientales defienden además que la protesta pacífica ha sido históricamente una herramienta fundamental para impulsar cambios sociales y ambientales relevantes, especialmente en contextos de emergencia climática reconocidos por organismos científicos internacionales.
Por ello, distintos colectivos han convocado una concentración el próximo 26 de mayo para exigir la absolución de las personas acusadas y denunciar el aumento de procedimientos judiciales contra activistas climáticos en España.
El activismo climático afronta un nuevo escenario político y judicial
Las organizaciones sostienen que la criminalización de la protesta climática busca proteger un modelo económico altamente dependiente de combustibles fósiles y crecimiento intensivo mientras se limita la capacidad de organización ciudadana y presión social.
El crecimiento de las movilizaciones climáticas durante los últimos años ha ido acompañado también de un aumento de la tensión política alrededor de las estrategias de protesta utilizadas por algunos colectivos.
Expertos en derechos civiles y movimientos sociales consideran que el debate actual gira en torno al equilibrio entre orden público, libertad de manifestación y legitimidad de las acciones de desobediencia civil frente a la crisis ecológica.
Mientras organizaciones ambientales alertan sobre una creciente judicialización del activismo, otros sectores políticos reclaman endurecer las respuestas frente a acciones que afecten al espacio público o al funcionamiento de infraestructuras.
La discusión sobre la criminalización de la protesta climática refleja así uno de los grandes conflictos emergentes de la transición ecológica: cómo gestionar democráticamente la creciente presión social derivada de la emergencia climática global.
Conclusiones de la criminalización de la protesta climática moviliza a colectivos ecologistas
La creciente criminalización de la protesta climática se ha convertido en uno de los principales focos de debate dentro de los movimientos ambientales europeos y de las organizaciones defensoras de derechos civiles.
El juicio previsto en Madrid vuelve a evidenciar la tensión existente entre acción climática, protesta social y respuesta institucional.
Todo ello como parte del escenario marcado por la aceleración de la crisis ecológica y por el aumento de las movilizaciones ciudadanas que reclaman transformaciones profundas del actual modelo económico y energético.
¿Qué es la criminalización de la protesta climática?
Es el uso de procedimientos policiales, judiciales o sancionadores contra activistas y movimientos vinculados a protestas ambientales y climáticas.
¿Quiénes serán juzgados en Madrid?
Marina Martínez, Francisco del Pozo y Jorge Riechmann serán juzgados por participar en una protesta climática celebrada en 2019.
¿Qué organizaciones apoyan a los activistas?
Greenpeace, Ecologistas en Acción y Anticapitalistas respaldan a las personas acusadas y denuncian presión judicial.
¿Qué ocurrió durante la protesta de 2019?
Unas 300 personas participaron en una acción pacífica de desobediencia civil para denunciar la inacción frente al cambio climático.
¿Por qué preocupa este juicio a los colectivos ecologistas?
Porque consideran que puede sentar precedentes contra el derecho a la protesta pacífica y el activismo ambiental.
