Así, la Comisión Europea envió el pasado 9 de febrero la decisión adoptada sobre el expediente de infracción el 28 de enero de 2010 de notificar al Reino de España un dictamen motivado al considerar que ha «incumplido las obligaciones que le incumben» en relación con los artículos 1 y 6 de la Directiva 1999/94 relativa a la información sobre consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos.
El dictamen motivado es la segunda fase de un procedimiento de infracción que derivará en una denuncia al Tribunal de Justicia si en dos meses no se corrige la situación, tras una carta de emplazamiento al Gobierno.
En ese sentido, Ecologistas en Acción pide al Gobierno que «anteponga el compromiso de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) frente a los intereses de la industria automovilística» y que establezca las medidas necesarias para obligar a que los fabricantes de coches cumplan la directiva europea sobre publicidad e información de emisiones y consumo de combustibles en los vehículos en el plazo de dos meses, tal y como le obliga el expediente de infracción remitido por la CE.
Según explicó el portavoz de Ecologistas en Acción Mariano González a Europa Press, la Directiva comunitaria, cuya trasposición recoge el Real Decreto 837/2002 que regula la información de emisiones de CO2 que debe aparecer en la publicidad de los automóviles que se ponen a la venta, establece que esta información debe aparecer en el mismo tamaño que el resto de la publicidad y que debe ser de fácil comprensión tras una lectura superficial.
«De la publicidad que se hace en España de los coches, ninguna cumple estos requisitos», aseguró González, que recuerda que esta debe ser «al menos tan visible como la información principal».
Concretamente indicó que a raíz del «incumplimiento sistemático» de esta legislación, Ecologistas en Acción y la Unión de Consumidores de España (UCE) iniciaron «acciones de presión conjunta» como el envío de cartas a los fabricantes; la presentación de denuncias administrativas ante las direcciones generales de consumo de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Consumo; la interposición de una demanda judicial contra Peugeot por un «anuncio especialmente vulnerardor» de esta normativa y cuya vista previa se contempla en enero de 2011. Además, la ONG presentó en julio de 2008 una denuncia ante la Comisión Europea.
ECOticias.com – ep
