Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso de la Generalitat se centraba en hasta 14 artículos y dos disposiciones, en especial aquellos relativos a las competencias sobre el establecimiento y vigilancia de futuras instalaciones para albergar CO2 en el subsuelo.
El Gobierno legisló sobre la materia centralizando en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las competencias sobre este tipo de instalaciones, previo informe del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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