Greenpeace comparecció en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament para dar su opinión sobre el proyecto de ley impulsado por ICV-EUiA parala creación de tres nuevos impuestos ambientales sobre diversas emisiones contaminantes: las de óxidos de nitrógeno a la atmósfera que produce la aviación comercial, las de producción termonuclear de energía eléctrica por sus riesgos para el medio ambiente así como las de gases y partículas vertidas en la atmósfera.
«La fiscalidad ambiental tiene dos grandes ventajas: puede abordar la sostenibilidad ambiental, concretamente la energética, y ayudar a afrontar la crisis fiscal», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. «La ley que aprobó el Gobierno central en 2012 tiene el efecto contrario, y adolece de todos los efectos deseables para una fiscalidad ambiental apropiada».
La organización ecologista valora de este proyecto de ley el acercamiento a la normativa de otras comunidades, lo que favorece la definición e implantación de los impuestos ambientales autonómicos para evitar disfunciones y conseguir maximizar sus efectos incentivadores, especialmente hacia la eficiencia y las energías renovables.
Existen ejemplos de estos impuestos en otras comunidades autónomas: ya se aplica una tasa similar sobre nucleares en la Comunidad Valenciana y la de gases y partículas vertidas en la atmósfera está también en dicha comunidad, en Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Andalucía y Murcia.
Greenpeace considera que aumentar la extensión geográfica de los impuestos medioambientales disminuye los posibles efectos distorsionadores y de competitividad. Además, la fiscalidad ambiental es una recomendación de las instituciones internacionales y este proyecto de ley no solo supone un avance en esta línea, sino que también puede tener un efecto llamada a otras comunidades autónomas.
