Brasil pide cobrar por la conservación de la Amazonía mientras impulsa petróleo frente a su desembocadura

Sandra M.G.
Publicado el 17 de noviembre de 2026 a las 12:34
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Debate sobre la conservación de la Amazonía y la política petrolera de Brasil.
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Marina Silva, diputada federal de Brasil, reclama en la COP31 que se instituya una remuneración justa por la conservación de la Amazonía, pero la apuesta petrolera del Gobierno de Lula en la desembocadura del río Amazonas cuestiona la coherencia de su liderazgo climático.

¿Protección de la Amazonía y abandono de los combustibles fósiles o explotación de petróleo?

Brasil exige que proteger la selva implique una remuneración a nivel internacional. La demanda que Marina Silva defiende es legítima: la conservación de la Amazonía beneficia a todo el planeta y necesita recursos tangibles y estables. Pero el Gobierno de Lula debe responder por qué sigue aprobando la extracción de petróleo frente a la desembocadura del Amazonas.

Conservar bosques y expandir la extracción fósil son decisiones con efectos climáticos opuestos. Los ingresos derivados de una política ambiental no pueden ser agentes de minimización de las emisiones que generan otras actividades.

La exministra y actual diputada federal ha reconocido esas contradicciones en cuanto a la conservación de la Amazonía. Su propuesta merece que se le otorgue una financiación y se le haga paralelamente una evaluación exigente: cuánto bosque se protege, quién recibe el dinero y qué actividades continúan aumentando el riesgo climático.

Pagar por el bosque vivo puede cambiar un incentivo perverso

Brasil alberga alrededor del 60% del bioma de la Amazonía. Silva reclama que los servicios ecosistémicos que presta ese territorio reciban una remuneración justa, sin depender exclusivamente de las donaciones que suenen estar condicionadas por las prioridades de otros gobiernos.

La conservación de la Amazonía acaba por competir con actividades que obtienen ingresos de destruirla o degradarla. Financiar el mantenimiento del bosque puede reforzar alternativas económicas y sostener la vigilancia, siempre que los recursos lleguen a plasmarse en actuaciones verificables.

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre o TFFF, impulsado por Brasil en la COP30 y apoyado por varios países más, plantea implantar pagos vinculados a la superficie forestal elegible y al desempeño de las acciones de conservación. Su diseño contempla reducir los pagos ante la evidencia de deforestación y degradación. Mantener los bosques debe producir resultados comprobables, no convertirse en una etiqueta para atraer capital.

El fondo puede ser capaz de aportar estabilidad, pero su capitalización, sin embargo, no equivale todavía a demostrar que se vaya a realizar una protección efectiva y eficaz sobre el terreno, que ayude realmente a los bosques y selvas del mundo.

Lula debe explicar cómo encaja más petróleo en su liderazgo climático

La contradicción tiene responsables concretos: el Gobierno brasileño impulsa la exploración petrolera frente a la desembocadura del Amazonas, mientras defiende su papel como protector de la selva.

Son impactos distintos. La protección forestal evita pérdidas de carbono y biodiversidad; extraer nuevos combustibles fósiles facilita emisiones cuando se consumen. Evaluar ambas decisiones por separado permite reconocer avances sin borrar sus consecuencias.

Silva propone que Petrobras amplíe su actividad hacia otras fuentes energéticas, incluido el hidrógeno verde. Esa transformación necesita inversiones y objetivos verificables. Cambiar el discurso corporativo sin modificar las prioridades de negocio dejaría intacta la dependencia petrolera.

La conservación de la Amazonía no debe utilizarse como aval general de toda la política energética brasileña. El reconocimiento por proteger la selva no concede impunidad climática para expandir los combustibles fósiles.

La soberanía obliga a proteger, también frente a los intereses internos

Silva rechaza que apostar por la conservación de la Amazonía requiera retirarle a Brasil su soberanía. Su argumento refuerza una exigencia: la autoridad sobre el territorio implica responsabilidad por lo que ocurre dentro de él.

Defender la conservación de la Amazonía exige combatir la minería ilegal, la deforestación y la violencia contra los pueblos indígenas. El control nacional pierde credibilidad cuando quienes destruyen el bosque consiguen imponer sus intereses.

La diputada advierte de un Congreso más hostil a la agenda ambiental desde 2027. Esa dificultad política debe identificarse y afrontarse: el Gobierno necesita explicar qué medidas defenderá y qué intereses intentan debilitarlas.

La prueba distributiva también está definida: el diseño del fondo prevé destinar al menos el 20 % de los pagos forestales a pueblos indígenas y comunidades locales. Ese dinero debe llegar con transparencia y participación efectiva. Financiar la conservación de la Amazonía dejando sin recursos a quienes la sostienen reproduciría la injusticia que el mecanismo pretende corregir.

Sandra M.G.

Sandra M.G.

Inicie mi trayectoria en ECOticias.com como colaboradora y después desempeñé el puesto de redactora, especializada en temas como medio ambiente, cambio climático, energías renovables, sostenibilidad y ecología. Ganadora de varios premios literarios.

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