El departamento de Economía, que dirige Javier Guerra, no ha dado a conocer ese informe pese a que sostiene la decisión de más calado de cuantas ha tomado el PP desde que llegó al Gobierno. Según el DOG, el documento pone de manifiesto que el decreto «adolece de vicios que afectan esencialmente al procedimiento y a las mejoras voluntarias (…), especialmente la relativa a la participación pública».
Sobre el canon que ahora se tramita y por el que los actuales productores instalados tendrán que pagar más de 20 millones de euros anuales, la Consellería de Economía puntualizó que «es de carácter medioambiental, y no recaudatorio». A través del Fondo de Compensación Ambiental repercutirá en «más de la mitad», de los ayuntamientos afectados por la presencia de parques.
