El Gobierno pretende que la electricidad cubra el 35 % del consumo energético final en 2030, frente al 26 % actual: la electrificación en España necesita redes disponibles y alternativas asequibles para abandonar los combustibles fósiles.
Electrificación, renovables y lucha contra los combustibles fósiles
La electrificación en España debe traducirse en soluciones reales y concretas: sustituir la gasolina, el diésel y el gas por electricidad cada vez más renovable. Sara Aagesen quiere para 2030 elevar la participación de la electricidad limpia en el consumo energético final del 26 % al 35 %, 5 años antes del objetivo global que se ha propuesto en la COP31.
El beneficio de esta medida de la electrificación en España es contundente: se reducen las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles e importados, cuyos precios castigan a los hogares y las industrias. Cada sustitución eficiente permite aprovechar mejor la generación renovable nacional.
La responsabilidad del Gobierno también es muy concreta. Debe facilitar las conexiones, las inversiones y los precios que permitan cambiar de tecnología. Una promesa desde Antalya no mueve a un vehículo eléctrico ni sustituye una caldera de gas por una bomba de calor.
La electrificación en España exige que se realice un cambio radical en cómo nos movemos, calentamos y producimos
Electrificar significa emplear la electricidad en actividades que todavía dependen de combustibles fósiles: transporte, calefacción o determinados procesos industriales. El objetivo anunciado requiere ganar 9 puntos porcentuales en aproximadamente 4 años.
Aagesen ha respaldado en la COP31 la iniciativa turca de alcanzar un 35% mundial en 2035, pero exige vincularla al desarrollo de las renovables y a la descarbonización. La condición importa, ya que aumentar el consumo eléctrico no basta si este crecimiento continúa dependiendo de una generación altamente contaminante.
Tampoco deben confundirse los indicadores que se manejan. El 57% de la generación eléctrica renovable describe cómo se produce la electricidad y el 26% de electrificación mencionado por la ministra indica cuánto representa esta en el consumo energético final. España necesita avanzar significativamente en ambos frentes.
Pedir el cambio sin hacerlo asequible deja fuera a familias y empresas
La electrificación en España pierde fuerza si el coste de sustituir un equipo hace que la operación resulte económicamente inaccesible. Un hogar necesita afrontar no solo la compra de los equipos, sino también la instalación; una industria debe evaluar las inversiones, los costes operativos y los suministros y mantenimiento, y esos parámetros tienen que ser tomados en cuenta.
La Agencia Internacional de la Energía advierte de una contradicción: impuestos, cargos y costes de red pueden restar atractivo a la electricidad frente a los combustibles fósiles, que soportan cargas comparativamente menores. Corregir esas señales corresponde al Ejecutivo, con protección para los consumidores vulnerables.
Las ayudas deben facilitar cambios efectivos, con trámites accesibles y resultados comprobables. También hay que comparar el coste del servicio completo, considerando la eficiencia del equipo. Prometer ahorro sin explicar inversión, consumo y condiciones sería publicidad, no información útil.
Las redes pendientes pueden convertir el objetivo de 2030 en propaganda
El Ministerio presentó el 12 de noviembre una planificación eléctrica con 17.142 millones de euros de inversión y capacidad para atender 47 GW de nueva demanda. En aquel anuncio, su aprobación por el Consejo de Ministros figuraba como pendiente.
La electrificación en España necesita que esas previsiones se conviertan en infraestructura operativa. El Gobierno debe ejecutar su marco regulatorio, las empresas responsables de las redes cumplir sus obligaciones y las administraciones tramitar con rigor y plazos verificables.
El control público debe medir las obras terminadas, los tiempos reales de conexión y la capacidad disponible, además de invertir en la sustitución de los combustibles fósiles y en la reducción de las emisiones de GEI.
La dependencia fósil ya tiene un coste evitable demostrado. Según la AIE, sin la capacidad renovable añadida entre 2011 y 2024, España habría importado casi un 40 % más de gas en 2024. Aprovechar esa electricidad para desplazar petróleo y gas puede ampliar la protección: retrasar el cambio en cuanto a la electrificación en España prolonga la exposición a precios internacionales que hogares y empresas no controlan.












