PP, Vox y Junts tumban las ayudas al autoconsumo y al vehículo eléctrico. Con 177 votos en contra, el Congreso ha rechazado la convalidación del Real Decreto-ley 2/2026, conocido como Escudo Social.
La decisión implica la caída de las deducciones fiscales para instalaciones renovables, la prórroga del bono social eléctrico y la moratoria de desahucios para familias vulnerables, reabriendo un choque frontal sobre la transición energética y la política social.
Estos grupos sumaron sus votos para tumbar el decreto, argumentando discrepancias con el contenido global de la norma y cuestionando la eficacia de algunas medidas.
Las ayudas al autoconsumo habían impulsado la instalación de sistemas fotovoltaicos, especialmente tras el encarecimiento de la energía en los últimos años. En paralelo, los planes de apoyo al vehículo eléctrico buscaban acelerar la descarbonización del transporte, uno de los sectores con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero.
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PP, Vox y Junts tumban las ayudas al autoconsumo y al vehículo eléctrico en el Congreso
El Congreso rechaza el Real Decreto-ley 2/2026 y caen las deducciones fiscales para renovables, el bono social eléctrico y la moratoria de desahucios.
La transición energética ha recibido un golpe parlamentario directo. PP, Vox y Junts tumban las ayudas al autoconsumo y al vehículo eléctrico al sumar 177 votos en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 2/2026, conocido como Escudo Social. El texto solo logró 172 apoyos, insuficientes para mantenerse en vigor.
Fin de las deducciones fiscales para renovables y coche eléctrico
Decae la ampliación de las deducciones fiscales para quienes instalaran placas solares de autoconsumo. Se elimina la prórroga del 15 % de deducción en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos nuevos. Y se frena la libertad de amortización para inversiones empresariales en renovables, con un límite de hasta 500.000 euros.
También cae la extensión del bono social eléctrico, cuyos descuentos alcanzaban el 42,5 % para consumidores vulnerables y el 57,5 % para vulnerables severos. Y deja de garantizarse la protección frente a cortes de suministro de agua y energía en casos de vulnerabilidad.
Pero el núcleo del debate político no ha girado tanto en torno a las renovables como a la vivienda.
El decreto prorrogaba hasta diciembre de 2026 la suspensión de desahucios para familias vulnerables. PP, Vox y Junts justificaron su rechazo en que la norma, según su criterio, favorecía la ocupación. El Gobierno sostiene que se trataba de una moratoria limitada a situaciones acreditadas de vulnerabilidad.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que los delitos de usurpación y allanamiento han descendido un 8,6 % en los últimos siete años y afectan a un porcentaje mínimo del parque residencial.
Más allá de la disputa política, el efecto práctico es que el Real Decreto-ley 2/2026 queda derogado. Al no convalidarse en el plazo constitucional de 30 días, pierde vigencia.
La moratoria de desahucios queda sin extensión
Más allá de la disputa política, el efecto práctico es que el Real Decreto-ley 2/2026 queda derogado. Al no convalidarse en el plazo constitucional de 30 días, pierde vigencia.
No es la primera vez que se produce esta alianza parlamentaria. PP, Vox y Junts ya habían coincidido para rechazar anteriores decretos económicos y energéticos del Ejecutivo. En este caso, el impacto alcanza de lleno a la política social y a la transición energética doméstica.
Las ayudas fiscales al autoconsumo y al vehículo eléctrico desaparecen. El bono social no se prorroga. Y la moratoria de desahucios queda sin extensión. Un voto que no solo afecta a la aritmética parlamentaria.
También redefine el marco de incentivos para la electrificación y la protección social en 2026. El episodio refleja la polarización política en torno a la transición ecológica y plantea interrogantes sobre el ritmo al que avanzará España en materia de autoconsumo, movilidad eléctrica y descarbonización de la economía. Seguir leyendo en ENERGIAS RENOVABLES.
