El Sahara Occidental, una extensión de 250 000 km², se ha convertido en el foco de una creciente controversia internacional. España, se enfrenta a la presión de devolver este territorio, que figura entre los diecisiete lugares pendientes de descolonización según la ONU desde 1963. Este problema ha mantenido al mundo en vilo debido a su compleja situación geopolítica.
El Anexo donde informa sobre los territorios no autónomos
Se observa en este que en 1963 habían alrededor de 50 territorios dependientes en la lista que establecía la ONU y en la actualidad contaron con una cantidad que se observó un total de 17 territorios dependientes y son los que quedan hasta el momento y se encuentran en el Sahara Occidental.
Si bien, Sahara Occidental está en determinación 20/72 de la Asamblea General de la Carta de las Naciones Unidas, bajo este artículo Sahara es una “condición jurídica distinta y separada del territorio de estado que lo administra, y esa condición separada conforme a la carta existirá hasta que el pueblo de la colonia no autónomo no haya ejercido su derecho a la libre determinación de la conformidad con la carta”.
António Guterres profesor portugués, quien actualmente ocupa el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, instó enfáticamente a la erradicación del colonialismo durante un evento crucial en febrero de 2020. En su discurso, resaltó la importancia de abordar urgentemente la cuestión de los 17 territorios que aún están pendientes de descolonización Sahara Occidental.
La potencia de España dentro de la ONU
Durante 1975 la misión visitadora de las UN y realizada en la Asamblea General se indicaba en la resolución 3458 de diciembre. En este evento se realizó una carta donde pedían al gobierno de España sobre su potencia, conclusiones y arreglos. También hablaban sobre que los saharianos puedan ejercer su derecha inalienable
“Pide al gobierno de España que, en su calidad de Potencia Administradora y conclusiones de la Misión Visitadora, junto con la opinión de la Corte Internacional de la Justicia, adopte todas las medidas necesarias, de forma que todos los saharianos originarios del territorio puedan ejercer plena y libremente, bajo supervisión de las Naciones Unidas, su derecha inalienable a la libre determinación”.
Como potencia administradora aún se obliga a asegurar el debido respeto a la cultura de los pueblos, en el adelanto social, económico, político y educativo justo de dichos territorios y la protección ante todo abuso. Esto habla de que los saharianos serán protegidos por las Naciones Unidas y que podrán ejercer libremente a los derechos humanos como en cualquier otro lado del mundo.
La esperada respuesta de España
Cuando se le preguntaba a España ante las numerosas parlamentarias ante la potencia de la administración dieron la misma respuesta. Esta carta toma a España como desligada toda responsabilidad en relación a la administración de Sahara, una carta donde fue enviada el 26 de febrero de 1976 hacia la ONU donde el secretario general debe figurar su identificación en esa potencia en los listados de territorios no autónomos.
La carta decía: “España se considera desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de Sahara Occidental”. Pero también cuando apareció el secretario general dictó el término definitivo a la presencia al territorio y estima dejar en claro sobre el desligamiento que hizo España, al cesar su participación en la administración temporal.
Juan Soroeta, resaltó el hecho verídico donde España terminaba con su presencia ante todas estas situaciones. También es cierto donde la Asamblea General aprueba la resolución donde apoya que señala la falta de decisiones de la propia Asamblea que un territorio no está alcanzado, y la potencia administradora tiene como tarea seguir informando información de la virtud del inciso.
En resumen, la situación del Sahara Occidental sigue siendo una cuestión de controversia internacional, marcada por su estatus de descolonización pendiente desde 1963 según la ONU. A pesar de la presión sobre España para abordar este tema, la comunidad internacional espera una respuesta definida sobre el futuro del territorio y los derechos de su población, bajo supervisión de la ONU.