El campo español vuelve a enseñar una de sus contradicciones más duras. Mientras el consumidor ve tomates, frutas y verduras a precios altos en la tienda, hay agricultores que aseguran que en origen apenas reciben lo justo para cubrir costes. En algunos casos, prefieren retirar la cosecha antes que aceptar una operación que les deja atrapados. Detrás de esa decisión no hay capricho. Hay agua, gasóleo, horas de trabajo y meses de incertidumbre.
La situación no es solo económica. También es ambiental. Un estudio reciente del CSIC calcula que entre 2018 y 2024 se descartaron en España 483 624 toneladas de frutas y hortalizas, con una huella de casi 36 hectómetros cúbicos de agua y 36 694 toneladas de CO2 equivalente. En un país donde el campo mira al cielo cada vez que cambia el tiempo, ese dato pesa. Y mucho.
Una decisión que duele
Clara Sarramián es agricultora autónoma en Logroño. Lleva algo más de cuatro años al frente de una pequeña explotación familiar de una hectárea y media, heredada de sus padres y abuelos. “Me daba mucha rabia dejarlo. Tenía los recursos para seguir y quise mantener la tradición”, explica.
Su trabajo gira en torno a tomates, melones y sandías. Buena parte de la faena se hace a mano, con azadón, paciencia y muchas horas de sol. “Físicamente es duro, pero te acostumbras. Lo peor es lo mental”, reconoce.
Ese desgaste mental tiene mucho que ver con el clima y con los precios. “No puedes dormir cuando anuncian tormentas. Un granizo te arruina tres meses en cuestión de minutos”, afirma. Y cuando llega la venta, el golpe puede ser igual de fuerte.
El precio se rompe
Clara recuerda una campaña reciente en la que le ofrecieron la mitad que el año anterior. Su respuesta fue clara. “Preferí tirarla. Si todos pasamos por el aro, vamos en nuestra contra”. Es una frase dura, pero resume el hartazgo de muchos pequeños productores.
El problema aparece cuando el precio en origen no encaja con lo que luego se ve en el lineal. “Un kilo de tomate me lo han llegado a pagar a 80 céntimos o 1 euro como mucho. Luego lo ves en tienda a tres euros y medio”, señala. ¿Qué pasa por el camino?
Los datos del IPOD de COAG muestran que esta diferencia no es una sensación aislada. En marzo de 2026, el tomate de ensalada figuraba con 1,43 euros por kilo en origen y 2,87 euros en destino, con un incremento del 101 %. El índice general marcaba que los alimentos multiplicaban su precio por 3,48 del campo al consumidor.
Tirar comida también tira agua
Cuando una cosecha se queda sin vender, no desaparece solo el alimento. También se pierden el agua usada para cultivarlo, la energía, los fertilizantes, el transporte y el trabajo de quien lo sacó adelante. Ese es el punto que más preocupa desde el lado ambiental.
El estudio del CSIC no habla solo de comida perdida. Habla de un sistema que genera excedentes y que, cuando los precios caen, puede acabar retirando producto antes de que llegue a los circuitos comerciales. Los investigadores apuntan que el tomate fue el cultivo más descartado en el periodo analizado, seguido de las naranjas y los caquis.
También hay que matizar. No todo lo retirado acaba destruido. Según el trabajo, una parte se destinó a alimentación animal, otra a bancos de alimentos y un 11,7 % fue destruido. Aun así, el problema de fondo sigue ahí. Cada caja que no llega a una mesa cuenta una historia de ineficiencia.
Una ley que no siempre llega a la finca
Sobre el papel, España tiene herramientas para evitar parte de este problema. La Ley de la Cadena Alimentaria establece que cada operador debe pagar al anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. En el fondo, lo que busca es que nadie compre por debajo de lo que cuesta producir.
Pero una ley no recoge tomates, no negocia con el comprador ni salva una campaña si llega una granizada. Por eso muchos agricultores creen que el cumplimiento real sigue siendo el gran reto. La norma existe, sí. La pregunta es si se nota lo suficiente en la cuenta de quien trabaja la tierra.
Además, la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario obliga a aplicar una jerarquía de usos y da prioridad al consumo humano cuando un alimento no puede comercializarse por la vía habitual. La norma abarca toda la cadena, desde la cosecha y recolección hasta los hogares, bares y restaurantes.
El campo envejece
La crisis de precios llega en un momento delicado para el relevo generacional. En el cuarto trimestre de 2025, el sector primario contaba con 780 700 ocupados, según los datos de la EPA recogidos por el Ministerio de Agricultura. Es una cifra importante, pero no basta para garantizar el futuro si las explotaciones pequeñas dejan de ser viables.
El propio Gobierno ha señalado que el 40 % de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años y solo el 9 % tiene menos de 41. No es poca cosa. Si empezar desde cero ya era difícil, hacerlo con precios bajos, burocracia y clima extremo se parece demasiado a jugar una partida cuesta arriba.
Clara lo resume sin adornos. “A mí me encanta, pero empezar desde cero hoy es prácticamente imposible”. Esa frase explica por qué el problema no es solo una campaña mala. Es una duda sobre quién cultivará los alimentos dentro de diez o veinte años.
La venta directa abre una salida
Ante este escenario, algunos agricultores buscan alternativas. Clara ha encontrado una pequeña salida en la venta directa, a través del boca a boca y las redes sociales. “Económicamente compensa un poco más, pero lo mejor es cuando la gente te dice que hacía años que no probaba algo con ese sabor”, cuenta.
La venta directa reduce intermediarios y acerca al consumidor a la realidad del campo. También permite valorar mejor el producto de temporada, incluso cuando no tiene la forma perfecta de una foto de catálogo. Porque una sandía con una marca o un tomate irregular no valen menos si están buenos.
Eso sí, no es una solución mágica. No todos los agricultores pueden vender así, ni todos los consumidores tienen acceso fácil a estos canales. Pero sí abre una puerta. Y en momentos como este, cualquier puerta cuenta.
Qué debe mirar el consumidor
Para quien compra, el mensaje no es dejar de ir al supermercado ni cargar toda la responsabilidad sobre la cesta de la compra. La clave está en mirar el origen, apostar por productos de temporada, preguntar cuando sea posible y no rechazar alimentos solo por su aspecto.
Para el sector, el reto es más grande. Hace falta que los precios cubran costes, que la ley se cumpla, que haya más transparencia y que los excedentes se aprovechen antes de perderse. Porque tirar comida en un país con sequías cada vez más frecuentes ya no es solo un problema del campo. Es un problema de todos.
El estudio completo sobre el impacto ambiental de estos descartes ha sido publicado en la revista científica Water.
