Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, IIDMA denuncia las barreras que ponen diferentes administraciones a la hora de ejercitar su derecho a la información ambiental clave para la defensa del medio ambiente. El bloqueo de acceso a la información esconde el escaso control por parte de algunas Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una de las principales organizaciones sin fines de lucro de derecho medioambiental de España, reclama a las Administraciones que cumplan con su obligación legal de facilitar el acceso a la información medioambiental, algo que incumplen de forma reiterada en el plano estatal y autonómico. Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, IIDMA denuncia los problemas que está sufriendo por parte de las diferentes administraciones para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente, documentos que las propias administraciones deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente. Esta Ley refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.
En base a esta Ley, IIDMA solicitó en febrero de 2016 a las CCAA que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE para evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales. Galicia fue la única comunidad que cumplió con el plazo de un mes establecido por la Ley. Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares han retrasado el proceso durante varios meses, poniendo trabas a la democracia ambiental. Los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes base, algo que IIDMA ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y en Asturias, donde se han ignorado reiteradamente las solicitudes y se continúa sin facilitar la información requerida.
«Esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la ley. Las Administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para nuestro desarrollo democrático. La existencia de Leyes que garantizan el derecho de acceso a la información es un avance, pero no sirve de nada si las instituciones públicas no las respetan», afirma Ana Barreira, directora del IIDMA.
Barreras en el acceso a informes sobre posible contaminación
El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los impactos ambientales de las centrales de carbón en España. A pesar de que la Directiva de Emisiones Industriales de 2010 establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada), no ha sido posible para el IIDMA acceder al informe base de centrales como Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, que actualizó los permisos de las centrales en 2014, alegan que «el informe base de la instalación carece de sentido, en tanto en cuanto, la prolongada actividad de las centrales térmicas, no puede garantizar datos previos de la actividad (…) se les ha requerido que redacten y aporten una Propuesta de Plan de control y seguimiento».
En Cantabria, los controles respecto a las centrales de Cogecan y Solvay son insuficientes debido al retraso con el que está actuando el gobierno cántabro. En Baleares tampoco hay manera de saber si las actividades de la central de Alcudia están afectando a la calidad de las aguas subterráneas.
