Agria polémica por las subvenciones a Gas Natural en Doñana

«Es como lo que pasó el año anterior, y lo que volveremos a tener en los próximos, mientras el Gobierno no ponga final a esto», ha subrayado a Europa Press el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, que incide en que aunque ello venga derivado de la propia normativa «es inmoral e incongruente».

Los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, han lamentado la subvención a Gas Natural de 6,3 millones de euros para el 2018 publicada este martes en boletín oficial, señalando al respecto que con ello lo que ‘de facto’ se fomenta es el «pago» por «agravar» los problemas del parque.

«Es como lo que pasó el año anterior, y lo que volveremos a tener en los próximos, mientras el Gobierno no ponga final a esto», ha subrayado a Europa Press el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, que incide en que aunque ello venga derivado de la propia normativa «es inmoral e incongruente».

Y es que, agrega Carmona, se abona una subvención, que supone «la mitas del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático».

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Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

De su lado, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado a Europa Press que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.

«Hay un informe del Defensor del Pueblo, el andaluz y el español, donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste y lamentable es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».

A su juicio, el dinero público debe ir destinado a acumular empleo y fomentar la energía limpia, «y no al sector privado: ya bastante escándalo es utilizar un suelo de fin público para patrimonio privado sin tener, encima, que sufragarlo».

ep

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