España se enfrenta a los incendios forestales sin planes de emergencia

Greenpeace denuncia que en España no se cumple la normativa relacionada con la planificación de incendios forestales. Solo cinco de las 17 comunidades autónomas tienen planes de prevención de incendios forestales, pero son escasos y no se asegura la implementación. Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora sufren el 51,57% del total anual de los incendios, pero obtienen una nota de deficiente o muy deficiente en su planificación.

La planificación urbanística no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, lo que revierte en peligro para la población y en más superficie calcinada. Greenpeace lanza una novedosa calculadora de incendios para que la ciudadanía evalúe el riesgo de incendio de su vivienda o apartamento turístico.

España se enfrenta a los incendios forestales sin planes de emergencia

Greenpeace ha presentado hoy el informe Protege el bosque, protege tu casa, en el que analiza las causas de la nueva ola de incendios de alta intensidad de los últimos años y denuncia la falta de planes de prevención, emergencia y autoprotección contra incendios forestales en España, un problema que ha alcanzado la categoría de emergencia social.

Entre otras causas, Greenpeace señala que los montes españoles, en los que a menudo se insertan viviendas, son un auténtico polvorín para los incendios forestales. En apoyo al informe, Greenpeace publica IMÁGENES Y VÍDEOS que evidencian de forma dramática esta situación, a la que se enfrenta la población en la mayor parte de las zonas con alto riesgo de incendio.

Según los datos recogidos, el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo de incendios no cuenta con planes de emergencia. El informe, elaborado por Greenpeace en colaboración con Medi XXI, consultora especializada en ingeniería forestal y gestión de emergencias, destaca distintos grados en la planificación: prevención, emergencia y autoprotección.

La planificación urbanística no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, lo que revierte en peligro para la población y en más superficie calcinada.

Doce comunidades autónomas (incluyendo Ceuta) obtienen una valoración deficiente o muy deficiente en su planificación. Entre ellas, destacan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, ya que sufren el 51,57% del total anual de los incendios. Aunque ninguna comunidad alcanza el nivel de planificación requerido, las Islas Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que cuentan con planificaciones más avanzadas, pero todavía queda mucho por hacer.

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La Ley de Montes, que regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas áreas declaradas zonas de alto riesgo de incendio. Además, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil obliga a los municipios de alto riesgo a que tengan planes de emergencia y de autoprotección. Sin embargo, según los datos del informe, se incumple la normativa de forma casi generalizada en todo el territorio español.

“En zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo; sin embargo, en zonas de riesgo de incendio forestal se insertan viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos”, ha señalado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

Mejor gestión forestal y más autoprotección

Cada vez hay más episodios de incendios forestales de altísima gravedad con desalojos masivos, pérdidas de bienes, personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas. En 2017, el 63% de los incendios producidos quedaron en menos de una hectáŕea afectada. Sin embargo, a pesar de representar menos del 0,5% en el número total de incendios, 56 grandes incendios forestales (GIF) fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas.

“El cambio climático y la evolución en los patrones demográficos han provocado que los incendios forestales ya no sean una excepción, sino la tendencia con la que la sociedad debe convivir, asumiendo el riesgo y, por tanto, la responsabilidad de poder mitigarlo. No es una situación única de España.

Países como Portugal, Chile, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos han sufrido grandes incendios de altísima gravedad en entornos altamente humanizados en los últimos años. Se trata de un problema ambiental que afecta a la seguridad nacional”, ha resaltado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

El informe Protege el bosque, protege tu casa destaca que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, es fundamental una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan; por otro, es necesario que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.

“Dado que la prioridad de defensa en España pone por delante a las personas y a los bienes por encima del medio ambiente, es muy importante tener protegidas nuestras viviendas para que los medios se puedan centrar en la extinción del fuego y no en defender viviendas vacías, lo que revertiría en menos hectáreas calcinadas de bosque y en la seguridad de la población”, ha destacado David Caballero, consultor de Medi XXI y uno de los mayores expertos internacionales en gestión de emergencias de incendios forestales.

El modelo actual de gestión de incendios basado en la extinción no resuelve el problema. Se centra en las causas que originan el fuego, pero no en las que lo propagan. Los progresivos cambios demográficos, el abandono rural o la matorralización de cultivos abandonados han modificado el paisaje y, por tanto, la frecuencia e intensidad de los incendios. Estos factores han configurado un paisaje altamente inflamable que sufre las consecuencias del cambio climático (olas de calor, sequía…)

En este paisaje inflamable se inserta además una planificación urbanística que no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, con viviendas en mitad de montes y bosques que se consideran “indefendibles”. “Actualmente tenemos un paisaje que lejos de ser bucólico es inflamable.

De igual manera que en zonas con elevado riesgo sísmico se realiza una planificación de viviendas adaptada al medio, es el momento de cuestionar la idoneidad de viviendas en zonas donde el riesgo de incendio es muy elevado para la población y para el bosque o de asumir este peligro”, ha apostillado Parrilla.

Tal y como recoge la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, es obligatorio que existan planes de autoprotección de empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, etc, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo.

Uno de los principales problemas es la ausencia generalizada de planes de autoprotección en todo el país. Por ello, Greenpeace destaca la necesidad de que la población asuma el riesgo de incendio forestal para poder prevenirlo y mitigarlo. Con este fin, la organización ha elaborado una Calculadora de Riesgo frente a incendios forestales, que permite a cada persona autoevaluar de forma sencilla el potencial riesgo de su vivienda frente al fuego.

“Es fundamental que la población demande recursos para que los municipios cuenten con planes de emergencia ante incendios y, por supuesto, que estos se implementen. Y que, además, las personas propietarias de una vivienda elaboren su propio plan de autoprotección. No hacerlo revierte no sólo en sus bienes, sino también en el bosque y en la seguridad de los operativos de extinción y emergencias que asumen más riesgos de los debidos”, ha concluido Parrilla.

Demandas de Greenpeace

La problemática de los incendios forestales es compleja, por lo que las soluciones deben apuntar en diferentes direcciones. Hay que establecer una política de prevención de esta nueva era de incendios forestales, abordando las causas que originan los incendios y las que los propagan.

No se puede seguir con un modelo obsoleto. Por otro lado, es fundamental que las administraciones cumplan con la normativa y que además realicen campañas de sensibilización a la población (sobre todo en interfaz urbano-forestal) para crear comunidades adaptadas al fuego.

  • Hacer del sector forestal un sector estratégico dinamizador del medio rural que ponga en valor los montes, gestionando mejor la cantidad y continuidad del combustible a través de la gestión forestal, la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la biomasa y la revalorización de los productos forestales.
  • Gestionar más y mejor las masas forestales, reduciendo la cantidad de biomasa, siempre teniendo en cuenta el funcionamiento de los ecosistemas y la necesidad de respetar la diversidad estructural del bosque, la existencia de madera muerta, etc.
  • Promover la estabilidad laboral en el sector forestal, evitando que las contrataciones se centren solo en los meses de mayor riesgo de incendio y reconociendo, además, la categoría de bombero forestal.
  • Desarrollar modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático.
  • Alternativas al uso cultural del fuego.
  • Combatir la siniestralidad, educando a la población para evitar algunas de las causas de los incendios forestales en España.
  • Mayor investigación judicial, apoyo a las fiscalías de Medio Ambiente y otros organismos, eliminación del juicio por jurado y aplicación de la ley para los incendios dolosos. Tratamiento adecuado de la piromanía.
  • Solicitar la colaboración ciudadana para identificar a las personas responsables.
  • Evitar ciertos tipos de viviendas en el medio rural que suponen un riesgo muy alto.
  • Exigir el cumplimiento de la ley de Montes y la ley de Protección Civil en Incendios Forestales que obliga a planes preventivos, de emergencia y de autoprotección.

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