Los servicios jurídicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente han elaborado un informe en el que advierten de posibles «irregularidades» en la tramitación de la declaración de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.
Así lo ha hecho saber el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, poco antes de acceder a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que incluía este jueves la aprobación de esa declaración en el orden del día.
«Venimos a poner de manifiesto el informe que han hecho los servicios jurídicos de la Consejería, que advierten de una posible irregularidad en el caso de que se sometiera a votación alguno de los acuerdos incluido en el orden del día», según Luengo.
Por eso, la Consejería ha propuesto a la Junta de Gobierno que retire esos dos puntos de la orden del día, con el objetivo de «no incurrir en ningún tipo de irregularidad por parte de ninguno de los miembros». Sin embargo, en el caso de que se lleve a cabo finalmente la votación, ha advertido que «nos veríamos obligados a recurrir ante los tribunales estos posibles acuerdos que se adoptaran incurriendo en algún tipo de irregularidad administrativa».
En concreto, los servicios jurídicos detectan dos tipos de irregularidades. En primer lugar, señala que la CHS presenta un informe en el que «difiere el perímetro que va a ser afectado por la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena en unas 3.000 hectáreas y a 11 pozos».
Los servicios jurídicos advierten que «se puede estar cometiendo alguna irregularidad debido a que esos afectados no han tenido la posibilidad de ser informados sobre el expediente», según Luengo. A su juicio, «no es lógico que se lleve a cabo una información pública, que al terminar el expediente se amplíe esa superficie y que no se le dé trámite de audiencia a esos afectados». Por ello, cree que el trámite puede caer en una «causa nula de pleno derecho».
En segundo lugar, los servicios jurídicos de la Comunidad advierten que la CHS no ha convocado la Junta «en tiempo y forma» porque el equipo de la Consejería tuvo información del borrador accediendo a la plataforma digital «hace solo unas horas, este miércoles por la mañana», y no porque la CHS informara del mismo.
«Pretenden que la Junta de Gobierno adopte hoy un acuerdo sobre este borrador, siendo un documento que nos han puesto hace apenas unas horas», ha reprochado Luengo, quien señala que los servicios jurídicos advierten que cualquier tipo de acuerdo que se adopte con esa «irregularidad administrativa» puede ser «nulo de pleno derecho».
No entiende la «obsesión» del ministerio
Luengo tampoco entiende que, apenas unos días antes de que en la Asamblea Regional se lleve a cabo la aprobación de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, la CHS y el Ministerio «pretenda implantar una serie de medidas totalmente diferentes a las que vienen recogidas en esa Ley».
A su juicio, el acuerdo entre PP, Cs y PSOE es «histórico» tras llegar «a un gran consenso de los artículos de la Ley» de Protección Integral del Mar Menor, y no entiende «esa obsesión que tiene el Ministerio y que traslada a la CHS de intentar llegar a asumir de alguna forma un papel que no le corresponde».
Ha reivindicado que la Asamblea Regional es el «brazo legislativo» del Gobierno regional, y los partidos presentes en el parlamento «nos representan a absolutamente todos los murcianos». Por tanto, cree que «ni el Ministerio ni la CHS tienen la potestad de llevar a cabo acuerdos diferentes a los que se lleven a cabo por parte de la cámara autonómica».
No entiende «esa obsesión del ministerio de llevar a cabo actuaciones en contra de lo que el poder legislativo de la Comunidad, perfectamente representado de manera soberana por todos los murcianos» en la Asamblea.
Ha puntualizado que la competencia del acuífero es de la CHS y, de hecho, ha señalado que este tipo de actuaciones «también manifiestan, de alguna forma, que el Ministerio tiene competencias», a pesar de que «le hemos oído decir que no era competente para llevar a cabo actuaciones de recuperación del Mar Menor».
«Lo único que no es lógico es que el Ministerio pretenda adoptar medidas que no le corresponden a esta Junta de Gobierno», según Luengo, quien advierte que las medidas «le corresponden a la Asamblea Regional, que es donde se está debatiendo la Ley».
