Casi tres cuartas partes del territorio nacional está amenazado por la desertificación y es por eso que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se pone en marcha una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD).
Este nuevo plan recogerá algo menos de un centenar de medidas concretas para atajar este problema derivado de la sequía; medidas que se pondrán en marcha de ahora en adelante hasta el año 2030.
Esta iniciativa sustituye al Programa de Acción Nacional que 2008 y se centrará sobre todo en «conservar y mejorar el capital natural de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de España, así como avanzar hacia la neutralidad en la degradación de las tierras».
Plan nacional contra la desertificación
La nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD), presentada este lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desarrollará 45 medidas concretas de aquí a 2030 para hacer frente a un problema que amenaza hasta el 74 % del territorio español.
La presentación se ha desarrollado en vísperas del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se conmemora cada 17 de junio desde 1994, cuando se adoptó en París la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), un tratado internacional que busca frenar la degradación de las tierras, mitigar los efectos de la sequía y promover un uso sostenible del suelo, especialmente en las zonas más vulnerables.
La ENLD sustituye al Programa de Acción Nacional que data de 2008, ha explicado la subdirectora general de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, Elsa Enríquez, quien ha insistido en que con este nuevo plan se busca «conservar y mejorar el capital natural de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de España, así como avanzar hacia la neutralidad en la degradación de las tierras».
Actuaciones contra la desertificación
Esta estrategia buscará identificar iniciativas que impulsen la colaboración público-privada para poner en marcha proyectos o actuaciones integradas de lucha contra este problema, además de reforzar el sistema de vigilancia para su evaluación y seguimiento y la inclusión de todos los datos posibles en el Sistema Integrado de Información sobre la Biodiversidad.
Además, revisará y actualizará el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación e integrará acciones de restauración de territorios afectados.
Entre los retos planteados figura la elaboración de un Atlas de Desertificación en España, la creación de una guía metodológica para identificar y dar prioridad a determinadas zonas de intervención o la puesta en marcha de un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación.
España se considera «parte afectada» ante un problema que «tiene hasta un 74 % del territorio en riesgo de desertificación» según Enríquez, a lo cual hay que sumar el «compromiso» con otros países afectados y «con el planeta, ya que un 40 % de las tierras están degradadas»
La directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez, ha añadido que «la restauración de tierras crea empleo, apoya la transición climática y la resiliencia económica y contribuye a la seguridad alimentaria».
Un ejemplo de restauración son las actuaciones llevadas a cabo para restaurar el Mar Menor, «un ejemplo de modelo integral de lucha contra la degradación de tierras y la desertificación», según la subdirectora adjunta de política forestal y lucha contra la desertificación, María Torres-Quevedo.
Según Torres-Quevedo, cuatro actividades principales mermaron la viabilidad de la laguna a lo largo de los decenios: «la minería, el desarrollo urbanístico, la agricultura intensiva y la ganadería porcina».
El marco de actuaciones prioritarias para «actuar en el origen y dar prioridad a soluciones basadas en la Naturaleza, recuperar la dinámica natural de la laguna y restaurar y renaturalizar las zonas más afectadas de la cuenca vertiente» ha precisado de un presupuesto inicial de 484 millones de euros.
Entre las actuaciones específicas, gestionadas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ha destacado el «cinturón verde» compuesto por humedales, filtros verdes y áreas de renaturalización con el objetivo de interceptar y depurar aguas, reducir la escorrentía y retener sedimentos antes de que lleguen a la laguna, además de contribuir a la mejora de la biodiversidad.
El plan incluye otras acciones como la remediación de antiguos emplazamientos de residuos mineros abandonados y el refuerzo de centros estatales para la conservación de especies marinas y la producción vegetal, así como el desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión que permita un seguimiento más efectivo de las intervenciones. EFE / ECOticias.com
