España incumple la nueva ley europea ambiental porque ha llegado fuera de plazo a una de las nuevas exigencias ambientales marcadas por la Unión Europea. El país aún no ha incorporado la Directiva Penal Ambiental, aprobada en 2024 para endurecer la persecución de los delitos ecológicos.
La normativa europea plantea unas sanciones más duras contra las actividades como la contaminación, el tráfico ilegal de residuos o la destrucción de los espacios naturales. También obliga a reforzar las investigaciones, la coordinación institucional y la responsabilidad empresarial ambiental.
España debía haber incorporado ya a su legislación la nueva Directiva europea de Delitos Ambientales aprobada en mayo de 2024
España incumple la nueva ley europea ambiental: es algo inaceptable
Hoy es la fecha límite que tenían los Estados miembros de la Unión Europea para integrar en sus respectivas legislaciones nacionales la nueva Directiva Penal Ambiental, que se aprobó en mayo de 2024. España todavía no ha adaptado el marco jurídico a esta, no tan nueva, norma europea clave para reforzar la lucha contra los delitos ecológicos en toda Europa.
La nueva directiva reforma por completo el marco legal vigente desde 2008, lo que obliga a los países a endurecer la persecución penal de las conductas delictivas, como lo es la contaminación grave, el tráfico ilegal de residuos, la destrucción de hábitats o los delitos ambientales cometidos por las empresas. También exige mejorar la coordinación entre administraciones y entre países, así como reforzar los mecanismos de investigación y sanción.
La organización WWF considera que es extremadamente grave que España incumpla precisamente la primera obligación que establece esta directiva: incorporarla a tiempo al ordenamiento jurídico nacional. La responsable del programa de especies de WWF, Laura Moreno, destacó que este retraso demuestra que “la protección del medio ambiente no puede quedarse en declaraciones políticas”.
Ecodelitos: el nuevo negocio lucrativo a costa de todos
Los delitos ambientales son ya la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, generando enormes impactos ecológicos, sociales y económicos. En el caso de los delitos contra la vida silvestre, se está acelerando la pérdida de la biodiversidad y sometiendo a numerosas especies a la extinción en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas europeos.
Aunque España cuenta con las herramientas pioneras para combatir determinados delitos ambientales —como el trabajo del SEPRONA, los agentes ambientales o la Fiscalía de Medio Ambiente—, se sigue infravalorando este tipo de criminalidad y tratándola como una infracción menor. La falta de juzgados especializados, la dispersión de las competencias y la ausencia de una base de datos estatal unificada dificultan una investigación eficaz y favorecen la impunidad.
Según las investigaciones realizadas por los expertos de WWF, de los 4902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados en España, solo 327 terminaron en sentencia judicial. Es decir, el 93 % de los casos no llegaron a ser juzgados.
España debe proteger la biodiversidad con normativas modernizadas
La nueva Directiva Penal Ambiental representa una oportunidad perfecta para modernizar el marco jurídico español y reforzar la protección y conservación de la naturaleza.
Además de endurecer las sanciones y ampliar el número de delitos que se deben rastrear, la norma obliga a los Estados miembros a aprobar estrategias nacionales concretas contra la delincuencia ambiental y aportar más recursos humanos, técnicos y financieros a las autoridades encargadas de combatirla.
WWF España ha realizado un estudio comparado sobre la legislación de los distintos Estados miembros y trasladó al Ministerio de Justicia sus conclusiones sobre el caso de España. También solicitó participar en el proceso de adhesión de la directiva a la normativa interna, en ejercicio del derecho de participación de las ONG reconocido por el Convenio de Aarhus. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
Entre los principales cambios que España todavía tiene pendientes destacan:
- Actualizar el catálogo de conductas consideradas delito ambiental.
- Reforzar la responsabilidad penal de las empresas implicadas en daños ambientales.
- Aprobar una estrategia nacional contra la delincuencia ambiental.
- Mejorar la coordinación entre fiscalías, fuerzas de seguridad y administraciones implicadas.
- Especializar y reforzar los juzgados en materia ambiental.
Conclusiones sobre por qué España incumple la nueva ley europea ambiental
WWF España recuerda que incumplir los plazos de incorporación puede derivar en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea. Varios análisis recientes ya han identificado importantes lagunas legales en varios Estados miembros, entre ellos España, sobre todo en ámbitos relacionados con los delitos contra la fauna silvestre y la responsabilidad de las empresas implicadas en los daños ambientales.
Según WWF, mientras España no cuente con “leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados”, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes.
Las organizaciones ecologistas consideran preocupante el retraso de España, especialmente cuando los delitos ambientales siguen creciendo en Europa. Alertan de que muchas de las infracciones relacionadas con la fauna protegida continúan quedando impunes por la falta de medios judiciales.
Los datos reflejan esta situación con claridad. De los casi cinco mil casos detectados contra las especies protegidas en España, únicamente una pequeña parte acabó en sentencia. La ausencia de normativas modernizadas y tribunales especializados en la materia dificulta combatir eficazmente esta criminalidad ambiental.
