El Consejo del Mar Menor, con pleno respeto a las funciones atribuidas a los distintos órganos de la Administración Regional, estará compuesto por un tercio de representantes de las Administraciones Públicas, por otro tercio de representantes del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y por otro tercio de representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo del Mar Menor es el máximo órgano colegiado consultivo y de participación en materia de protección integral del Mar Menor. Se adscribe orgánicamente a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.
Consejo del Mar Menor y Comité de Asesoramiento Científico
La Comunidad Autónoma avanza en la constitución tanto del Consejo del Mar Menor como del Comité de Asesoramiento Científico, los dos órganos de gobernanza incluidos en la Ley del Mar Menor, que se suman a otros ya en funcionamiento como la Comisión Interadministrativa del Mar Menor de coordinación entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y la decena de ayuntamientos de la cuenca vertiente y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor, que coordina las actuaciones del Gobierno regional.
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, avanzó que el Gobierno regional ya dispone de las propuestas formales para cubrir 36 de los 56 miembros que componen tanto el Consejo del Mar Menor como el Comité de Asesoramiento Científico. “Contar ya con propuestas formales y nominativas para dos de cada tres vocales supone un paso decisivo para la puesta en marcha de ambos organismos”, afirmó Vázquez.
De los 21 miembros que conformarán el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor -14 científicos y siete técnicos de las distintas administraciones– ya hay propuestas formales para cubrir 15 de sus plazas, más del 71 por ciento.
En concreto, el Gobierno regional dispone de las propuestas formales de las universidades regionales y los distintos organismos de investigación (Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) o Instituto Español de Oceanografía (IEO), entre otros) para nombrar a los 14 vocales científicos de prestigio acreditados en alguno de los ámbitos relacionados con el Mar Menor, su cuenca vertiente o ecosistemas afines. Asimismo, la Comunidad y la Federación de Municipios han trasladado sus candidatos a vocales técnicos.
Sigue abierta hasta final de mes el plazo para recibir las propuestas de incorporación de cuatro investigadores de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos relacionados con el ecosistema, así como recibir los vocales técnicos por parte de la Administración General del Estado.
Respecto al Consejo del Mar Menor, hay una propuesta formal de 21 de los 35 miembros que lo componen. La Comunidad y la Federación de Municipios han comunicado sus 10 candidatos, a los que se unen otros 11 representantes sociales, que incluyen a las patronales Croem y COEC, las Cámaras de Comercio, los sindicatos UGT y CCOO, COAG, la Federación de Cofradías de Pescadores, la asociación de consumidores Thader, la de hosteleros Hoytu y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
Igualmente, permanece abierto el plazo para recibir las propuestas de vocales que representen a las organizaciones ecologistas, las asociaciones de vecinos y las plataformas ciudadanas, asimismo, están pendientes los representantes del Ministerio. Los cinco representantes del Comité de Asesoramiento Científico en el Consejo del Mar Menor serán elegidos en la primera reunión constitutiva del propio órgano de gobernanza.
El Consejo del Mar Menor fomentará a través de una amplísima participación social la protección de la laguna salada, equilibrando los objetivos medioambientales, económicos, sociales y culturales. También, fortalecerá el diálogo y la alianza entre las tres administraciones públicas, la comunidad científica y la sociedad civil para desarrollar políticas públicas tendentes a la recuperación del ecosistema, a la vez que implica a la sociedad civil mediante un proceso de escucha activa, con el objetivo de que sus inquietudes, alternativas y preferencias sean atendidas en el proceso de toma de decisiones.
