Proyectos mineros estratégicos: asegurar el suministro de los metales tiene consecuencias sobre los territorios donde se explotan. Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción han rechazado la selección, por parte de la Comisión Europea, de dos proyectos mineros en España: la reapertura de Touro-O Pino, en A Coruña, y la planta de procesamiento de wolframio de El Moto, en Abenójar, Ciudad Real.
Las organizaciones han denunciado este 9 de octubre de 2026 falta de transparencia y participación pública, además de antecedentes y riesgos ambientales que, según sostienen, deberían impedir ese reconocimiento.
La controversia plantea una pregunta: ¿cómo abastecer a Europa sin comprometer los ecosistemas y las comunidades locales? A continuación, explicaremos qué denuncian las entidades y por qué reclaman priorizar la reducción del consumo y el reciclaje de los metales.
Proyectos mineros estratégicos
La Comisión Europea ha publicado hoy la segunda lista de «proyectos estratégicos» bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales. En España se ha seleccionado el proyecto de reapertura y expansión de la mina de cobre de Touro-O Pino, promovido por Cobre San Rafael, filial de la multinacional Atalaya Mining y ubicado a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Asimismo, ha incluido en la lista la planta de procesamiento del proyecto de mina de wolframio de El Moto, en Ciudad Real, que ya recibió el estatus de estratégico en la anterior selección.
Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción denuncian que, una vez más, la Comisión Europea, con apoyo del Gobierno de España, haya seleccionado proyectos con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales y sociales. En el caso de la mina de cobre Touro-O Pino, se trata de la reapertura de una mina que fue abandonada en 1987 sin restaurar el terreno y que lleva décadas contaminando la cuenca fluvial del río Ulla y causando daños en la salud de la población.
Plataformas vecinales denuncian además que los intentos de reabrir la mina han causado desde 2017 numerosos impactos, tales como contaminación del aire, el suelo y el agua con metales pesados, la contaminación continua del río Ulla y daños a tramos históricos del Camino de Santiago. Tras la alegación de estos impactos por parte de la sociedad civil, en 2021 la Xunta denegó el permiso para la reapertura otorgando una DIA negativa, tras lo cual la empresa presentó en 2024 un segundo proyecto que, según las plataformas vecinales, no despeja los interrogantes del anterior.
“De nuevo, los gobiernos están pisoteando los derechos de las poblaciones y los ecosistemas priorizando proyectos mineros con alto impacto ambiental y escaso valor social”, ha lamentado Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales de Amigas de la Tierra. “Ya ni siquiera intentan ocultar que el principal destino de estos metales es el rearme europeo”, denuncia la portavoz, que destaca que cobre y wolframio son dos metales considerados de criticidad alta para la industria militar.
Las entidades denuncian que, tal y como ocurrió en la primera ronda de 2025, el proceso de selección ha estado rodeado de opacidad y falta de participación por parte del Gobierno de España y la Comisión Europea. Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones.
“A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos perjuicios previos y potenciales son evidentes, e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales”, explica Isabel García, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción. Las organizaciones lamentan además que el Gobierno no haya utilizado su capacidad de veto para excluir proyectos que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes.
Estos dos proyectos se suman a los seis proyectos mineros seleccionados por la Comisión Europea en 2025, lo que profundiza en la condición de la península ibérica como “zona de sacrificio” en la cadena de minerales dentro de la Unión Europea.
Riesgos para la biodiversidad
La tramitación acelerada de permisos que la legislación otorga a los “proyectos estratégicos” impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación.
Otro aspecto muy preocupante es que los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de normas ambientales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. Hay que tener en cuenta que una parte principal de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000.
Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros espacios que gocen de una protección incompatible con las actividades extractivas.
Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180º en las políticas sobre materias primas minerales, de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y la naturaleza.
