El Instituto Armado ha explicado que el equipo del Seprona tuvo conocimiento de estos hechos tras la denuncia presentada por la Asociación El Refugio del Burrito de Málaga, donde indicaban la existencia de una finca en término municipal de Bormujos, en la que al parecer había restos de animales muertos así como caballos en mal estado por falta de atención.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Puebla del Río, en Sevilla, están investigando un posible delito de maltrato animal después de localizar dos caballos muertos en una finca ubicada en el término municipal de Bormujos.
El Instituto Armado ha explicado que el equipo del Seprona tuvo conocimiento de estos hechos tras la denuncia presentada por la Asociación ‘El Refugio del Burrito’ de Málaga, donde indicaban la existencia de una finca en término municipal de Bormujos, en la que al parecer había restos de animales muertos así como caballos en mal estado por falta de atención.
Una vez en la zona y realizada una inspección en el interior de la finca, en compañía de los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria de la Junta de Andalucía (OCA), localizan los cadáveres de dos equinos, así como otros dos caballos en muy mal estado y un caballo que hubo que sacrificar. Al mismo tiempo se encuentra en el interior de la finca un osario donde existe al parecer varios esqueletos de caballos.
Tras la inspección de los veterinarios, confirman la muerte de los animales por un supuesto delito de maltrato de animal por omisión.
Ante estos hechos, se procede a la identificación de A.H.R, vecino de Bormujos (Sevilla), como responsable de los animales, por lo que tras su toma de declaración es puesto en libertad en calidad de investigado por el supuesto autor de un delito de maltrato animal en la modalidad de comisión por omisión, al no prestar el debido cuidado y atención alimentaria.
Por tales hechos, se instruye las pertinentes diligencias las cuales se pondrán a disposición del Juzgado de Guardia de Sevilla, junto con el informe del veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (O.C.A.), así como a Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Asimismo, se observan infracciones administrativas a la Ley 8/2003 de Sanidad de Animal.
