El proyecto aprobado ayer mantiene uno de sus aspectos más polémicos y más cuestionados por la industria: la instauración de un canon para compensar el impacto paisajístico. Esa tasa se contabilizará por cada molino instalado, y en el primer año se espera recaudar con ella 30 millones de euros. La Xunta promete reinvertir los ingresos en proyectos medioambientales que redunden en beneficio de los municipios que alberguen los molinos de viento.
La supresión de la necesidad de un proyecto sectorial por parque, con la eliminación de todo su proceso administrativo, explicó el conselleiro, lleva a la Xunta a mantener el plan eólico vigente, que el bipartito no llegó a cambiar y que data de 1997, en la época de Fraga, con modificaciones en 2002. Ese marco es el que delimita las áreas de aprovechamiento del viento, que se repartirán en 10 zonas, con subáreas específicas. Se adjudicarán en una única convocatoria, aunque con un concurso por cada zona. De este modo, explicó Guerra, se pretende evitar que los recursos judiciales que previsiblemente presentarán las industrias paralicen la totalidad del proceso. Según las previsiones de la consellería, las autorizaciones de los primeros parques podrán estar listas «en la primera mitad o hacia el final de 2011». Las aspas de los nuevos molinos empezarían a girar un año más tarde.
El plan sectorial vigente desde la etapa de Fraga permite parques en Red Natura. Sin embargo, fuentes de Industria explicaron que las autorizaciones finales requerirán una declaración previa de impacto ambiental, con lo que queda blindada, a juicio de la consellería, la conservación del patrimonio natural. Las mismas fuentes aseguraron que no se autorizará ningún parque en Red Natura «actual y futura». Sin embargo, el Gobierno de Feijóo sí ha anunciado que permitirá piscifactorías en Red Natura, una posibilidad vetada por el bipartito…
