Durante su intervención, insistió en que, por primera vez, la administración hidráulica va a exigir a los usuarios la necesidad de obtener autorizaciones para extraer agua de pozos por debajo de los 7.000 metros cúbicos, cuando la masa de agua esté declarada en riesgo de sobreexplotación. Gracias a esta nueva reglamentación, dijo, las captaciones que anteriormente sólo necesitaban una notificación tendrán que ser autorizadas y, de esta forma, se evitarán extracciones por encima de las posibilidades de acuíferos en peligro.
Con respecto a las compañías dedicadas a sondeos y construcción de pozos e instalaciones de captación de aguas subterráneas, la consejera indicó que estarán obligadas a facilitar un inventario de las operaciones realizadas, características y localización de las mismas, previo requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua, y en los plazos y forma que se regulen reglamentariamente.
Asimismo, enumeró los beneficios que supondrá la creación de los nuevos modelos de gestión de los acuíferos recogidos en la normativa de aguas. Concretamente, el texto legislativo pone en valor la experiencia acumulada en la gestión de las aguas superficiales a través de la figura de las comunidades de regantes. En este sentido, la titular de Medio Ambiente apostó por extender este modelo también a las aguas subterráneas.
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