WWF denunció ante la Comisión Europea el plan de actuaciones urbanísticas y energéticas cercano a la ciudad de Soria, conocido como “Ciudad del Medio Ambiente”, el pasado 24 de noviembre. Ahora, tan sólo una semana después, la CE acaba de admitir a trámite esta queja, lo que significa que este organismo va a solicitar información a España sobre el procedimiento seguido para realizar la evaluación del impacto ambiental de este proyecto.
WWF sostiene que la aprobación mediante ley del citado plan impide a las ONG de medioambiente realizar cualquier recurso, y esto vulnera la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
La Junta de Castilla y León forzó la aprobación de este plan mediante la Ley 6/2007 de 28 de marzo, de la Ciudad del Medio Ambiente, acogiéndose a varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León para los proyectos de interés de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, esta ley ya ha sido objeto de otro recurso, el interpuesto ante el Tribunal Constitucional y admitido a trámite el 11 de septiembre de 2007.
WWF denuncia que, por la defectuosa evaluación y la documentación presentada a información pública, no se conocen los daños derivados de la ejecución del Plan urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), ni los impactos sinérgicos entre los proyectos dentro de dicho plan o entre este y otros proyectos ya en marcha.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España afirma: “esta ley ha ignorado el riesgo de inundación de más de la mitad de la superficie que se pretende construir y que predicen los estudios de la Confederación Hidrográfica del Duero”. Y añade: “Tampoco se ha considerado el daño al Complejo Arqueológico e Histórico de Numancia”.
Hasta el momento, la legalidad de la CMA ha sido rechazada por organizaciones ecologistas, como ASDEN -Ecologistas en Acción de Soria-, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF España, y numerosos estamentos culturales, académicos y científicos. Por ello, lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Soria con el fin de solicitar la paralización cautelar de las obras y la exigencia de las responsabilidades oportunas. De hecho, el Procurador del Común de Castilla y León promulgó un dictamen en contra los proyectos que afectan al Soto de Garray y a la cercana Numancia, apelando a la defensa del paisaje en sí mismo de estos entornos, al considerarlo un recurso digno de protección.
A pesar de estas denuncias en instancias nacionales y europeas, el pasado 23 de septiembre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sacó a información pública el proyecto de urbanización del Sector 1 de la CMA (129,92 hectáreas del Soto del Garray); iniciando a continuación las obras por la vía de los hechos consumados sin terminar el proceso de alegaciones.
