El norma fue aprobada el pasado 19 de mayo por el Parlamento canario, con el voto de 31 de los 60 diputados de la cámara autonómica y ha recibido críticas de científicos y ecologistas e instaura medidas judiciales y sancionadoras para quienes atenten contra el patrimonio natural y hace una nueva clasificación de las especies protegidas.
A su vez, considerando que pueden haber obras que afecten a los espacios y especies recogidos en los anexos del documento, se obliga a la justificación de los proyectos en ámbitos de interés así como sacar adelante medidas compensatorias para garantizar su pervivencia han argumentado durante todo este tiempo los diputados de apoyo al Gobierno de Canarias, CC y PP.
Científicos canarios y españoles han criticado y lamentado esta norma por no avalarse los criterios. El último ha sido el Catedrático de la Universidad de La Laguna Wilfredo Wildpret que el lunes dijo que se había hecho de forma «críptica».
Sin embargo, en la norma se argumenta que se ha desarrollado para «la preservación de la biodiversidad, que es un objetivo fundamental de todas las políticas relacionadas con un desarrollo más sostenible en cualquier sociedad moderna».
ECOticias.com – ep
