El procedimiento de infracción contra España, que se ha mantenido abierto durante más de una década, giraba en torno a las zonas de protección de aves, una de las piedras angulares de la red europea Natura 2000, y afectaba a numerosas regiones españolas. Andalucía, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia no ofrecían una protección adecuada a las especies enumeradas en la Directiva sobre Aves. Estas insuficiencias quedaron confirmadas por el Tribunal de Justicia en una sentencia de 2007 en la que se instaba a España a colmar las lagunas existentes.
Castilla-La Mancha y las Islas Canarias lograron notables avances, pero los progresos más lentos de las demás regiones impidieron que pudiera considerarse plenamente cumplida la sentencia del Tribunal. El asunto siguió abierto y la Comisión no dejaba de insistir ante España para que diera pleno cumplimiento a la sentencia.
En los últimos meses, sin embargo, se han ido estableciendo nuevas zonas de protección en algunas de las regiones afectadas, mientras que en otras se han ampliado las zonas ya existentes. Por tanto, la Comisión considera que la sentencia se ha cumplido íntegramente y el asunto acaba de archivarse.
